POR: PHD. ING. AVID ROMAN-GONZALEZ
El inicio del año 2026 encuentra al Perú en un contexto decisivo. Se trata de un año electoral que plantea enormes desafíos para los candidatos presidenciales y, especialmente, para el próximo gobierno que asumirá funciones en julio. Entre las prioridades nacionales, la educación ocupa un lugar central y, dentro de ella, la educación superior universitaria enfrenta retos estructurales que demandan decisiones urgentes y de largo plazo.
Uno de los principales desafíos es la calidad del sistema universitario. En los últimos años, los cambios institucionales en la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) han generado retrocesos en los procesos de licenciamiento y relicenciamiento. Esto ha impactado directamente en los mecanismos de aseguramiento de la calidad. Como resultado, las universidades peruanas continúan rezagadas en rankings internacionales, con una producción científica limitada y baja reputación académica. Para revertir esta situación, será clave fortalecer los procesos de licenciamiento y acreditación, alineándolos con estándares internacionales.
En el ámbito social y regional, persisten profundas desigualdades en el acceso a la educación superior. La brecha entre Lima y las regiones, así como entre distintos sectores socioeconómicos, sigue siendo un problema estructural. El reto para el Estado es ampliar la cobertura universitaria con un enfoque de equidad, garantizando infraestructura adecuada, conectividad digital y condiciones mínimas de calidad en zonas rurales y alejadas.
Otro punto crítico es la investigación y el financiamiento universitario. La inversión en investigación científica y tecnológica continúa siendo insuficiente y altamente dependiente de convocatorias públicas, como las impulsadas por PROCIENCIA. Para fortalecer el ecosistema de investigación, el próximo gobierno deberá promover fondos sostenibles, incentivos a la investigación universitaria y alianzas estratégicas con instituciones internacionales y el sector productivo.
La empleabilidad y la pertinencia curricular representan también un reto prioritario. Muchos egresados universitarios enfrentan dificultades para insertarse en el mercado laboral, lo que evidencia una brecha entre la formación académica y las demandas reales del sector empresarial y productivo. Actualizar los planes de estudio, fortalecer las competencias digitales y transversales, y fomentar vínculos sólidos entre universidad y empresa será fundamental para mejorar la empleabilidad de los jóvenes profesionales.
Finalmente, en términos de gobernanza y sostenibilidad institucional, persisten tensiones entre la autonomía universitaria y la regulación estatal. El desafío será consolidar un modelo de gobernanza que equilibre la libertad académica con la responsabilidad social, la transparencia y la rendición de cuentas ante la ciudadanía.
El nuevo gobierno que se instalará en julio de 2026 tendrá la responsabilidad histórica de priorizar la calidad, la equidad, la investigación y la empleabilidad como pilares de la educación superior universitaria. Solo a través de una visión estratégica y consensuada será posible cerrar brechas, fortalecer el sistema universitario y posicionar a las universidades peruanas en el contexto regional y global.
La educación superior no puede seguir siendo un tema secundario en la agenda nacional. Se requiere el compromiso de los candidatos, autoridades, universidades, sector privado y sociedad civil para construir un sistema universitario sólido, inclusivo y orientado al desarrollo del país. El futuro del Perú se juega, en gran medida, en sus universidades.
