POR: BETO LAJO PAREDES     

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), emitió el informe: “Situación de Derechos Humanos en Perú en el contexto de las protestas sociales”, de fecha 23 de abril de 2023; referido a la crisis política (aún no superada) acaecida el 7 de diciembre de 2022, golpe de Estado fallido del entonces presidente Prof. Pedro Castillo, dando lugar a la vacancia automática por “usurpación del poder”; luego, sucesión constitucional de asunción presidencial de la señora Dina Boluarte; y explosión de protestas políticas masivas en el país.

En el ítem 294, del informe, hay tres ideas – propuestas importantes: 1. Diálogo efectivo, amplio, genuino e inclusivo, con enfoque intercultural y territorial, donde todos los sectores de la sociedad civil se sientan representados. 2. Acuerdos en el marco del Estado de Derecho. 3. Medidas de fortalecimiento de la institucionalidad democrática.

En el ítem 295 “la Comisión formula las siguientes recomendaciones dirigidas al Estado de Perú”, presentamos un resumen:

“A. Diálogo y superación de la crisis. Diseñar e implementar, desde el más alto nivel del Estado, una estrategia diálogo genuino, con enfoque étnico y territorial, que permita la escucha de todos los sectores y niveles de la división política y administrativa, en especial de aquéllos que han sido los más afectados por las discriminación histórica, social y estructural en el país”.

“B. Seguridad ciudadana. Adoptar un plan permanente y obligatorio de capacitación y evaluación para las fuerzas de seguridad que intervienen en el desarrollo de las manifestaciones y protestas para que su actuación priorice la defensa de la vida y la integridad de todas las personas”.

“C. Reparación y atención a víctimas de violaciones de derechos humanos. Adoptar medidas de reparación integral para las víctimas de violaciones de derechos humanos en el contexto de las protestas sociales las cuales deberán incluir acciones de compensación; satisfacción; rehabilitación médica y psicológica; rehabilitación social; verdad y justicia, y garantías de no repetición”.

“D. Lucha contra la impunidad. Investigar todos los hechos registrados en el presente informe, en particular las presuntas violaciones de derechos humanos de manera célere, seria, eficaz, independiente y con atención a las debidas garantías judiciales”.

“E. Institucionalidad democrática. Tomar medidas con el objeto de reforzar y fortalecer la confianza de la ciudadanía en el Estado a partir de la separación e independencia práctica, real y efectiva de los poderes públicos, entes de control y del Sistema Electoral”.

“F. Libertad de expresión, reunión y asociación. Diseñar e implementar una política pública nacional permanente dirigida a la protección de los derechos de reunión pacífica, libertad de expresión y libertad de asociación”.

Estamos a dos años de los sucesos luctuosos de diciembre de 2022 y enero de 2023, como del informe de la CIDH; la realidad es cruel, nada de esas propuestas y muy poco de las recomendaciones, se han implementado. Lo grave es que ningún organismo del Estado, lo cumple, debe hacerlo, por el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; por el Poder Legislativo, la Comisión de Justicia; por los órganos constitucionalmente autónomos, la Defensoría del Pueblo; lo más indignante, ninguno de los 39 partidos políticos inscritos, hace mención a este tema; ninguna de las carreras profesionales de Derecho y Ciencias Políticas de las Universidades se ha referido a este asunto.

Al sector privado empresarial, este tema no le importa. El crecimiento económico no lo es todo, también debemos crecer en ética ciudadana, educación política y cultura democrática.