POR: EDGARD NORBERTO “BETO” LAJO PAREDES
Chala es el distrito caravileño de mayor población propia y flotante; de mayor movimiento económico y comercial; está en ruta de la carretera Panamericana; con conexiones viales hacia Ayacucho sur (Coracora). Caravelí es la única provincia de la región Arequipa donde las actividades económicas: agricultura, pesca y minería, conviven sin conflicto alguno, por decisión de los mismos agricultores, pescadores y mineros; no han requerido de largas ni tensas negociaciones de “toma y daca” para invertir, trabajar y producir; situación de tranquilidad productiva conseguida, reitero, por su misma gente, y todavía, sin intervención del Estado.
El milagro Caravelí, no estoy hiperbolizando, menos fantaseando, de coexistencia de agricultura, pesca y minería, es posible porque los actores económicos son pequeños o medianos o independientes empresarios de las actividades descritas, donde todos ellos se sienten iguales, con similares aspiraciones, desplegando grandes esfuerzos para hacerse de una de ellas. Este hecho social y económico debe ser estudiado por las tantas universidades de Arequipa que están encerradas en sus recintos sin mirar a las provincias; encima, se atreven a dar orientaciones a los candidatos a gobernadores regionales y alcaldes provinciales sin conocer ni investigar a las provincias que también son arequipeñas; ni qué se diga de las ONG, se crean para servirse a sí mismas y recibir dinero extranjero sin contribuir al desarrollo de los pueblos.
El Estado, en sus niveles de gobierno nacional y regional, no ha hecho nada significativo en Chala; no le han resuelto el problema del agua potable, sigue esperando el presupuesto del MEF; el gran hospital, hasta ahora, no funciona como tal; ese Estado fue incapaz de prevenir el conflicto luctuoso (entre mineros), con muertos, habido en Atico hace algunos años; no lo previeron por corrupción de los burócratas del Gobierno Regional de Arequipa y el Ministerio de Energía y Minas (MINEM); a esto le llamo Estado ausente, apareciendo como Estado represor, ocasionando una dolorosa muerte y heridos, e impacto psicológico negativo en su población. Necesitamos un nuevo Estado descentralizado, municipalista, que invierta en solucionar problemas, no engullidor del presupuesto, dejando a las provincias a su suerte. El Estado debe reconciliarse con Chala y Caravelí.
En el Valle de Tambo, ancestralmente agrícola, sí hay una fuerte oposición al proyecto minero Tía María y La Tapada, yacimientos ubicados en el distrito de Cocachacra; el lema es: “Agro sí, mina no”; la represión estatal ha dejado varias muertes, heridos, sentenciados, afectación en la salud de la población; el Estado tiene una deuda moral con el Valle de Tambo. El portento de la oposición es que no tienen dirigentes, pero sí voceros; entre ellos discrepan en la forma, pero coinciden en el fondo, caso sui géneris, digno de examinar por los científicos sociales. Es decir, en la provincia de Islay se da una situación diferente a la de Chala-Caravelí; sin embargo, el Estado en ambos casos ha reprimido, tanto a los opositores a la actividad minera en el Valle de Tambo, como a los pro mineros de Chala-Caravelí; la verdad no debe reprimirse, las posiciones colectivas.
Esto evidencia que el Estado, frente a las “posiciones colectivas”, no tiene como política el diálogo; se caracteriza por negarse a respetarlas; lo peor, el Estado produce normas que no cumple: emitió la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 153-2018-MINAGRI-SERFOR-DE, aprueban incorporación de 36 ecosistemas a la “Lista Sectorial de Ecosistemas Frágiles”, varios de los cuales se encuentran en la provincia de Islay; expidió la Resolución Viceministerial N° 0079-2010-VMPCIC-MC, “Declara patrimonio cultural de la Nación a los monumentos arqueológicos prehispánicos ubicados” en Deán Valdivia, Cocachacra y Mejía (Valle de Tambo). Por lo tanto, dentro de tales áreas, no puede realizarse actividad minera y otras. Ahí no actúa el Estado. ¿Por qué?
