POR: JULIO FAILOC RIVAS    

El país está en camino a la polarización y a la fecha las protestas ya han cobrado sesenta ciudadanos fallecidos.  Ahora bien, lejos de estar a portas de una solución, lo cierto es que no vemos atisbo, señal ni gesto por parte del Ejecutivo o del Legislativo, y por el contario arremeten con violencia insana contra los movilizados.

La reciente intervención a la Decana de América Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y la detención de más de 200 ciudadanos, entre jóvenes, mujeres y ancianos es una clara violación a los derechos humanos y a la autonomía universitaria, lo que ha generado un repudio generalizado de la comunidad nacional e internacional.

Observamos atónitos a un Congreso empeñado en alargar lo más posible la aprobación del adelanto de elecciones, a los que se suman las infaustas declaraciones de la presidenta Boluarte y de su premier Otárola, y de la otra parte,  la rabia del pueblo del sur, adolorido por sus muertos, ofendido por el “terruqueo” y ninguneo de los que ahora están atrincherados en el poder y porque, sin ninguna prueba, afirman que las movilizaciones son financiadas por el narcotráfico y la minería informal, y que detrás de todo esto estaría Sendero Luminoso, los Ponchos Rojos y Evo Morales.

Los movilizados tienen claro que el único propósito de esta narrativa –del Ejecutivo y el Legislativo– es intentar desprestigiar el legítimo derecho a la protesta popular para aplastarla y reprimirla.

Una vez que el Congreso otorgó la confianza a Otárola y su gabinete, en lugar de pedir perdón a las familias de los fallecidos e iniciar un proceso de reparación de las muertes, exacerbó el enfrentamiento con una amenaza abierta a los movilizados. Es más, fueron calificados como terroristas, lo que provocó el escalonamiento del conflicto hacia la polarización.  Ahora todo el sur movilizado no solo exige el adelanto de elecciones, sino también la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y la disolución del Congreso.

La polarización es como un campo de energía destructiva donde nada de lo que diga y haga el otro es valedero. No existe punto medio o propuesta que recoja el interés de ambos. Lo válido es el triunfo sobre el adversario.

En sociedades como la nuestra, una polarización en expansión reabre heridas que costaron cicatrizar, engrandecen temores infundados y activa odios que parecían asuntos del pasado. El país tiene divisiones y diferencias, que aún son salvables. La mayoría de los ciudadanos recordamos los devastadores efectos del terrorismo sanguinario de Sendero Luminoso, de allí que nos parece peligroso que, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, recurran a esta estrategia para invalidar las movilizaciones sociales.

El diálogo es la principal arma que tenemos los demócratas, razón por la cual debemos recurrir a ella, y sobre todo estamos en la obligación de incluir a los que no quieren dialogar. El Amauta Michel Azcueta ha lanzado una propuesta que suscribimos para hallar la solución a esta crisis social, señaló que es importante que los líderes políticos convoquen a una reunión de trabajo, «los gobernadores regionales de Arequipa, Puno, Cusco, Tacna, Moquegua, Apurímac , Huancavelica y Ayacucho, así como los alcaldes provinciales y distritales, deben convocar a una reunión de trabajo, junto con los dirigentes de los movimientos de dichas Regiones que realmente tengan una representatividad, para establecer una lista de propuestas al gobierno central».

Ahora bien, el diálogo sin represión no tiene por qué significar impunidad y tampoco “voltear la página”. Las heridas empezaran a cicatrizar solo cuando se castigue a los responsables de las muertes de 60 personas y, para que no quede duda alguna, debemos reafirmar que ninguno de los asesinados estuvo vinculado a Sendero Luminoso.