Detectan perjuicio económico en pagos a locadores de servicios de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto

La Contraloría detectó presuntas irregularidades en la contratación de locadores de servicios, cuyos pagos fueron efectuados con el presupuesto de dos obras públicas de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto (MPMN), lo que generó un perjuicio total de 20 mil 600 soles, así lo señalan dos informes de control específico publicados en el portal de la institución fiscalizadora.

Según estos documentos, se halló presunta responsabilidad penal en quien ocupaba la gerencia de administración y presunta responsabilidad administrativa en la gerencia de logística.

El informe N° 050-2020-2-0446 revela que la entidad contrató servicios para diversas unidades orgánicas de la Municipalidad que se pagaron con presupuesto de la obra “Ampliación y mejoramiento de los servicios deportivos del Complejo Deportivo Municipal”, lo que ocasionó un perjuicio económico de 16 mil 700 soles.

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INDAGACIÓN

La Contraloría advirtió que durante el periodo de marzo a octubre de 2020, la MPMN requirió, contrató y pagó 29 servicios no personales brindados a la Gerencia Municipal, de Administración, de Logística y Servicios Generales, etc.

El costo de dichos servicios fue de 70 mil soles y se pagaron con cargo a la mencionada obra. Una verificación por muestreo, permitió revisar ocho de estos servicios y se concluyó que no se brindaron de forma efectiva al proyecto, “por lo que, indebidamente, el presupuesto utilizado en dichas contrataciones tuvo una aplicación definitiva diferente de aquella a la que estaba destinada, favoreciéndose a los locadores, causando perjuicio económico a la entidad (…)”, cita el documento publicado en la web institucional.

En esa misma línea, el informe N° 049-2020-2-0446, señala que se pagaron servicios con presupuesto de la obra “Creación del parque recreacional de la asociación de vivienda López Albújar C.P. San Antonio”, lo que según la Contraloría generó un perjuicio económico de 3 mil 900 soles.

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Finalmente, ambos informes, recomiendan que el alcalde provincial disponga el deslinde de las responsabilidades en los funcionarios comprendidos en el informe. Así mismo el procurador municipal deberá iniciar la acción legal que corresponda.

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