La Contraloría General de la República evidenció un perjuicio económico de S/ 1’980,609.96 ocasionado por la conformidad otorgada a contratistas por trabajos innecesarios e inexistentes en la obra de rehabilitación de dos vías que fueron afectadas por lluvias intensas en el distrito de Matalaque, en la provincia General Sánchez Cerro.

La temporada de lluvias registrada en marzo de 2015 en el sur del Perú provocó que el Poder Ejecutivo declare estado de emergencia en el distrito de Matalaque, ya que las precipitaciones dañaron diversas vías, entre las cuales estaban las trochas carrozables Candagua – Huatagua y del sector Cacahuara. Las autoridades de dicha jurisdicción impulsaron dos Proyectos de Inversión Pública (PIP) de emergencia para rehabilitar dichas vías, con lo cual se espera beneficiar a los 455 pobladores del distrito.

Según el Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 710-2019-CG/GRMQ-AC, los auditores detectaron que se otorgó conformidad a contratistas por trabajos innecesarios e inexistentes para la ejecución del PIP “Rehabilitación de la trocha Candagua-Huatagua” con documentos que simularon una supuesta necesidad, justificando indebidamente costos sobrevalorados y permitiendo que se ejecute, vía exoneración, procesos de selección sin que se configure la causal de situación de emergencia, lo que generó un perjuicio económico a la entidad por S/ 1’659,610.51.

En este caso, se detectó que la elaboración y financiamiento del PIP de emergencia contenía metrados sobredimensionados; a lo que se suma que se pudo comprobar que la trocha Candagua-Huatagua se encontraba transitable al momento de la elegibilidad del PIP de emergencia, por lo cual no se enmarcaba en una situación de emergencia.

La Contraloría evidenció que la supuesta rehabilitación de la vía se realizó después de cuatro meses de ocurrida la emergencia y luego que se realizaron trabajos con maquinaria de la misma Municipalidad de Matalaque.

De igual modo se evidenciaron hechos irregulares en la rehabilitación de la trocha carrozable del sector de Cacahuara, obra que también fue a través de un PIP de emergencia. Allí el perjuicio económico generado a la entidad asciende a S/ 320,999.45.

El informe evidenció la presunta responsabilidad penal en cuatro exservidores públicos de la Municipalidad Distrital, incluido el alcalde distrital de ese entonces.

Los hechos detectados en el informe fueron remitidos a la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales de la Contraloría General de la República, para que inicie las acciones legales respecto a los exfuncionarios y servidores con presunta responsabilidad penal que detectó el informe.