POR: VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Acaba de liberarse al general retirado Juan Rivero Lazo, quien fuera condenado por nuestra justicia penal, en el 2001, a 25 años de cárcel por los asesinatos en el caso ‘Barrios Altos’; esto ocurre por disposición del Tribunal Constitucional, a efecto de un recurso de agravio constitucional dentro de un proceso de Habeas Corpus, en el que se observaban los cómputos de inicio y fin de la pena, decidiendo “declarar como inicio de su privación de libertad el 16 de diciembre de 1993 y, en tal sentido, disponer la inmediata libertad del actor por cumplimiento de pena”.
Sus primeras palabras en libertad, fueron descargar culpas en determinadas ONGs, a quienes desde su lógica defensiva fueron las responsables de su proceso y condena, alentado por sectores políticos negacionistas, levantando cargos insulsos y cuasi convirtiéndolo en “héroe”, obviando una realidad concreta, fue procesado y condenado luego de un meticuloso proceso penal, cuya sentencia fue revisada por distintas instancias e incluso diversas demandas de habeas corpus, es decir, no se encontró argumento alguno que justifique su inocencia y por ello la sentencia condenatoria; si finalmente se dispuso su libertad, es en razón de que a consideración del Tribunal Constitucional, está ya fue cumplida, pero en ningún momento se determina su inocencia ni mucho menos la nulidad de los procesos penales en los que se lo condeno.
Durante el corto periodo de Gobierno de Valentín Paniagua, se instituyó la Comisión de la Verdad y la Reconciliación-que no era una experiencia propia- y a instancia de ella se discutió, aprobó y difundió el Informe final, que no estuvo ajeno a desavenencias, incluso hasta hoy; el objetivo claro consistía en avanzar sin soslayar nuestras responsabilidades históricas, no renunciar al esclarecimiento de los acontecimientos suscitados durante ese cruento periodo de veinte años de violencia, nos lo debíamos, respuestas al porque se dieron, para volver a mirarnos de frente y afrontar el futuro con la verdad histórica y nuestras firmes convicciones de construir esperanzas y oportunidades.
Se hicieron enormes esfuerzos por bosquejar un punto de acercamiento y unidad, siempre nuestros dramas internos lo imposibilitaron, se antepusieron nuestros recelos y odios, rencores y miserias, a los que nos mostramos muy propensos, para negarle camino al imprescindible encuentro en una morada mayor que nos alberga a todos. Ya no se trata de vencedores y vencidos, de demócratas y autoritarios, de corruptos o no corruptos, cada quien responderá por sus excesos, abusos y latrocinios, pagaran sus culpas frente a la justicia ordinaria y si aún hay procesos abiertos, tendrán que asumir sus responsabilidades; pero ello no puede detenernos en un contexto que reclama unidad, desprendimiento, hidalguía para asumir culpas, valentía para liberarnos de las taras que enlodan nuestras legitimas expectativas de crecer como país, de acentuar nuestra identidad patria y de asumir en unidad el futuro por más incierto que se nos proponga.
Salir de prisión y luego de pagar condena efectiva por ilícitos penales en lo que se demostró responsabilidad, venir a victimizarse y en actitud amenazadora, tratar de cobrar revanchas políticas, pervirtiendo la verdad de los hechos, no es más que evidencia de descomposición social, una democracia en modo regresión, donde envalentonados por coyunturas políticas-volátiles- se trata de quebrar la verdad, alimentar desconcierto en los ciudadanos y desacreditar nuestras instituciones. Quien cumplió carcelería en aplicación de una sentencia penal, tiene el derecho de rehabilitarse e incorporarse, pago sus culpas, pero ese derecho no lo habilita a distorsionar la justicia ni mucho menos endosar responsabilidad en quienes lo juzgaron; el silencio es el mejor aliado de la dignidad, si es que les queda.
