POR: VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
En esa extraña vorágine en la que fuimos cayendo, donde los órganos constitucionales arropados de independencia por mandato constitucional se fueron alineando ante el empoderado Congreso, pero desde esa debilitada estructura estatal surgieron manifestaciones institucionalistas, que salieron a contener esos explícitos arrebatos de prepotencia; así, la Fiscalía de la Nación, que se había convertido en una dependencia ejecutora de los designios parlamentarios, se vio neutralizada por decisiones oportunas de la Junta Nacional de Justicia, al decidir primero la suspensión y luego la destitución de Patricia Benavides como máxima representante de esta última entidad.
En ese manifiesto contubernio, no resultaba extraño el acoso permanente al que estuvieron sujetos los integrantes de la JNJ, con destituciones e inhabilitaciones congresales para luego ser corregidas por jueces independientes; incluso hoy surgen nuevamente las amenazas de acusaciones constitucionales.
El contencioso de estas últimas jornadas, una fiscal de la Nación repuesta por una remozada Junta Nacional de Justicia y otra fiscal de la Nación elegida por los fiscales supremos, complementado con la presencia mediática de abogados y analistas oficiosos, movilizaciones ciudadanas y hasta la nada extraña parcialización del Ejecutivo, se vio zanjada por la decisión del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, que determinó la suspensión temporal en el ejercicio del cargo por el plazo de 24 meses de Patricia Benavides, lo que no significa que el caso esté cerrado. Ahora sobrevendrá la arremetida política, pues un Ministerio Público independiente en nada les garantiza protección respecto a las denuncias incoadas a un número importante de congresistas o al propio Ejecutivo, empezando por la presidenta Boluarte.
Nos anima a escribir estas líneas la desfachatez de Patricia Benavides, cuando en una última conferencia de prensa, al ser preguntada por sus tesis de maestría y doctorado, las cuales no han sido ubicadas por la Universidad Alas Peruanas, en tono airado respondió: “Mis tesis de doctorado y maestría son de hace más de 17 años, y con una ley anterior donde no se exigía repositorio… ¡No tengo ninguna obligación de presentar ninguna tesis!”, intentando retomar el más alto cargo, precisamente de una institución que tiene la delicada responsabilidad de la defensa de la legalidad y de los intereses públicos, velar por la independencia de los órganos jurisdiccionales y por una recta administración de justicia.
¿Con qué transparencia y probidad se podría asumir estas altas funciones? Pero esto podría quedar en lo anecdótico, cuando la frágil memoria ciudadana, el sesgo de algunos medios de comunicación y particularmente el descaro de ciertos sectores políticos pretenden que pasemos por alto las graves responsabilidades funcionales en las que incurrió la susodicha, descritas en los alegatos sustentados ante el juez supremo de investigación preparatoria: abuso de poder para interferir en investigaciones, remoción de fiscales, favorecer a personas allegadas, manipulación de procedimientos disciplinarios en su contra y obstaculización de la justicia para evitar investigaciones, que desde una connotación penal encuadra en el delito contra la administración pública en las modalidades de cohecho pasivo específico, abuso de autoridad y encubrimiento personal (simple y agravado).
Un hecho que describe con claridad su grosera actuación fue la separación del cargo de la fiscal Bersabeth Revilla Corrales, quien venía investigando a su hermana Enma Benavides Vargas, bajo el burdo argumento de limitada producción, que nunca pudo demostrarlo y pese a haber negado esa posible decisión manifestada en su entrevista personal para asumir el cargo de fiscal suprema.
Un hecho que despierta cierta ironía en la decisión judicial que imposibilita a Benavides retomar el anhelado cargo, es considerar en la argumentación jurídica la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, la misma que fue aprobada por el Estado peruano y que el Tribunal Constitucional ha reconocido como parte del principio constitucional de lucha contra la corrupción, en especial la cita: “un funcionario público que sea acusado de un delito tipificado con arreglo a la presente convención pueda, cuando proceda, ser destituido, suspendido…”.
Pues resulta que Patricia Benavides, en esa disposición a destituir a Pedro Castillo, encontrando limitaciones en el artículo 117 de nuestra Constitución, que establece específicas causales para acusarlo —entendidas como blindaje constitucional presidencial—, invocó precisamente este convenio para facilitar su argumentación jurídica que habilite a incoar su denuncia penal contra dicha autoridad, la que finalmente no prosperó porque el propio Castillo decidió por su autoliquidación política. Y ahora resulta que precisamente dicho argumento se coloca en perspectiva para darle sustento a su suspensión funcional.
El transcurrir del tiempo y los acontecimientos recientes nos dan el reparo suficiente para sostener que no superamos el abierto intervencionismo político al que estuvieron sujetas nuestras instituciones en el decenio fujimorista, y como problemas estructurales los venimos arrastrando pese al esfuerzo esporádico de algunos de sus miembros, pero siempre insuficientes, que como ahora nos llevan al encuentro de un Ministerio Público puesto en evidencia, diezmado, confrontado, deslegitimado.
Existen diversas iniciativas legislativas para su reorganización, y en el contexto político de revanchismo y persecución en el que nos encontramos, no harían más que profundizar la brecha de la crisis. Indiscutiblemente se tiene que actuar y corregir, pero debe ser consecuencia de una construcción democrática, participativa, transparente, forjada como una verdadera política de Estado, que trascienda los oportunismos y las pretensiones partidarias; el impulso y defensa de nuestras libertades tiene como protagonista principal, precisamente, al Ministerio Público.
