Luego de cuatro intentos de lanzamiento con orden judicial desde agosto de 2018, en contra de los ocupantes en la zona de Fuerte Catarindo, cerca del terminal terrestre, lado norte de Mollendo; finalmente se cumplió con dicha orden que se inició ayer desde las 4 a.m.
CONTINGENTE POLICIAL
Para esto se contó con la presencia del juez ejecutor Carlos Cari Choque, un contingente mayor a 250 policías, inclusive policía montada. Además se tuvo la presencia del fiscal Carlos Salas quien constató el desarrollo del lanzamiento.
ALGUNOS ROCES
Si bien no hubo detenidos, heridos ni víctimas que lamentar, sí se registraron roces entre las fuerzas del orden y vecinos que pugnaban por recuperar algunas de sus pertenencias e impedir el desalojo, esto suscitó que la policía haga uso de bombas lacrimógenas para la dispersión de la multitud.
PLAZO PARA DESALOJAR
Según convinieron las partes, la desocupación del área, de unos 170 mil metros cuadrados (17 hectáreas) aproximadamente, se realizaría durante el día, momento durante el cual, los invasores empezaron al retiro de sus pertenencias y materiales con los que edificaron viviendas precarias, de calamina, madera, triplay, esteras y en algunos casos, de ladrillos.
En los predios invadidos en donde no se halló a personas, se procedió a la destrucción de estas viviendas temporales, para ello se empleó cargadores frontales y la mano de obra de personal contratado por la parte demandante. El desarrollo del desalojo, fue pacífico.
ARGUMENTOS, SEGÚN EL JUEZ CARI
En su momento, el juez Carlos Cari, ejecutor del lanzamiento, sostuvo que este cuarto lanzamiento se daba en la medida que, tras diversas reclamaciones y acciones de amparo de los dirigentes por considerar vulnerado sus derechos, y siendo estas desestimadas; el desalojo de ayer, era inminente en un estado de derecho.
Según explicó, el argumento en el cual se basa el lanzamiento, es restituir el bien que reclama la parte demandante, atribuyéndose la condición de propietario, lo cual, a decir del juez Cari, se ha acreditado durante el procesos. La sentencia de restitución, ha pasado por diversas etapas de apelación, en Arequipa, e inclusive en Lima, en donde finalmente, bajo el recurso de casación se corroboró a través de la Corte Suprema de Justicia, las sentencias anteriores siendo ahora cosa juzgada.
DENUNCIARÁN A DIRIGENTES
De otro lado, descartó totalmente, las imputaciones de algunos dirigentes vinculados a este caso, que de forma “irresponsable y malintencionada” dijo, acusaron al juez de corrupto y de estar coludido con un señor de apellido Canazas. En ese sentido, dijo que denunciará a los dirigentes que se atribuyeron esta “ligereza” como la calificó.
IDENTIFICACIÓN DE LA PARTE DEMANDADA
Precisó que la parte demandante es identificada como Fernando Delgado Álvarez quien, según el juez, sería apoderado de la familia Tohalino.
