La Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto ejecutó una diligencia de defensa posesoria en el exbotadero municipal ubicado en el sector de la quebrada del cementerio, con el objetivo de recuperar cerca de siete hectáreas de terreno que habían sido ocupadas por personas que alegaban ser recicladores y poseedores legítimos del área.
La intervención fue encabezada por la Gerencia de Desarrollo Urbano y Gestión Ambiental, con el respaldo de la Procuraduría Municipal y efectivos policiales, y tuvo como fundamento legal el artículo 920 del Código Civil.
Según explicó el procurador Wilson Colquehuanca, se trató de una acción amparada en ley y necesaria para evitar nuevas sanciones por parte de la OEFA (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental), que ya impuso una multa de un millón de soles a la municipalidad por el incumplimiento en la remediación del área.
“Este terreno no es apto para viviendas ni crianza de animales. Se trata de un área degradada ambientalmente, que debe ser remediada conforme a un proyecto aprobado. Las personas que ocupaban el predio lo hacían de forma ilegal y habían sido advertidas con anterioridad”, declaró el procurador Colquehuanca.
Por su parte, el gerente de Desarrollo Urbano, Germán Cutimbo, sostuvo que el terreno fue independizado e inscrito a nombre del Estado Peruano, con afectación en uso a favor de la municipalidad desde enero de 2024. “La zonificación no permite ningún tipo de actividad urbana, ni vivienda ni crianza. OEFA exige que se recupere esta zona, y es lo que estamos haciendo”, enfatizó.
PROYECTO AMBIENTAL EN MARCHA
Durante la conferencia de prensa, el gerente de inversiones, Joel Paniagua, informó que en el lugar se ejecutará un proyecto de remediación ambiental valorizado en más de 32 millones de soles, el cual contempla la recuperación del exbotadero con plataformas, cerco perimétrico, vías de acceso, pozas para residuos, y capacitación para recicladores. Este proyecto ya se encontraría en etapa de firma de contrato.
DENUNCIAN MALTRATO Y ARBITRARIEDAD
Por su parte, los ciudadanos afectados denunciaron públicamente que el desalojo fue realizado “de manera violenta”, sin previo diálogo, y causando daños materiales a viviendas improvisadas, animales y pertenencias.
“No nos escucharon. Nosotros vivimos aquí desde hace años y tenemos documentación del Ministerio de Cultura”, señalaron voceros de las asociaciones Providencia, Fiesta Chapi y Terrazas.
Asimismo, algunos vecinos negaron que fueran invasores y negaron haber recibido respaldo oficial. “Nos han difamado. No somos traficantes ni presidentes de ninguna asociación. Tenemos constancias de posesión desde los años noventa”, manifestó uno de los involucrados.
INVESTIGACIÓN A SUPUESTOS TRAFICANTES DE TERRENOS
Finalmente, el procurador de la municipalidad de Mariscal Nieto informó que se viene recabando información para identificar a presuntos traficantes de terrenos que habrían vendido lotes en la zona por montos de hasta 15 mil soles.
