El abogado Luis Miguel Caya Salazar presentó una denuncia formal ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) contra la empresa encuestadora Compañía Peruana de Estudios de Mercados y Opinión Pública S.A.C. (CPI) por haber incluido en su más reciente encuesta de intención de voto presidencial al ciudadano Martín Alberto Vizcarra Cornejo, pese a que este se encuentra legalmente inhabilitado para ejercer funciones públicas hasta abril del año 2031.
Según la denuncia, CPI difundió en mayo de 2025 los resultados de una encuesta nacional en la que Vizcarra aparece como opción electoral, en contravención directa de las resoluciones legislativas del Congreso que lo sancionaron con inhabilitación por un total de 15 años, en virtud de la comisión de infracciones constitucionales durante su gestión como presidente.
VIOLACIÓN DE NORMATIVAS Y DISTORSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL
Caya advierte que la inclusión de personas inhabilitadas en encuestas atenta contra el principio de legalidad y vulnera el deber de veracidad que rige a las empresas encuestadoras. Además, recalca que este acto no solo constituye una falta administrativa, sino que afecta la transparencia del proceso electoral y distorsiona la voluntad popular, ya que genera una percepción errónea sobre la elegibilidad de un candidato.
El reglamento sobre encuestas electorales —aprobado mediante la Resolución N.º 0107-2025-JNE— prohíbe expresamente la inclusión de ciudadanos inhabilitados o sin derechos políticos vigentes. La empresa CPI, de acuerdo con la denuncia, habría incurrido en una omisión grave al no verificar esta condición, lo cual contraviene el marco normativo electoral vigente.
JURISPRUDENCIA Y FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES
La denuncia se sustenta además en resoluciones del Tribunal Constitucional y artículos de la Constitución Política del Perú, que confirman que la inhabilitación política impide el ejercicio de derechos como el sufragio pasivo (postular a cargos públicos) y la participación en organizaciones políticas.
El expediente N.º 3760-2004-AA/TC, citado como precedente vinculante, establece que una persona inhabilitada no puede fundar, representar ni postular por una agrupación política, lo cual refuerza la improcedencia de su aparición en encuestas de carácter electoral.
SOLICITAN FISCALIZACIÓN Y SANCIÓN EJEMPLAR
El abogado solicitó al JNE que se inicie de manera inmediata un procedimiento de fiscalización contra CPI, se impongan las sanciones correspondientes y se emita un pronunciamiento público que aclare que Martín Vizcarra no puede figurar como opción electoral válida mientras se mantenga vigente su inhabilitación constitucional.
Asimismo, Caya exige que se aplique el principio de verdad material, y se obligue a las encuestadoras a cumplir su rol con el rigor técnico y jurídico que el proceso democrático exige.
