Una nueva denuncia pesa contra el ex gobernador regional Jaime “Jamocho” Rodríguez Villanueva, realizada por el Abog. José Vergaray Ramos, procurador del Gobierno Regional de Moquegua, por la presunta comisión del delito de colusión agravada, en el caso del arbitraje seguido por el Consorcio Vial Moquegua, donde la entidad regional, perdió 2 millones 500 mil soles, por la falta una defensa legal adecuada.
Bajo el mismo delito también se incluye a los ex funcionarios Edgardo Froilán Acevedo Velásquez, Manuel Aguilar Atencio, Sergio Espinoza Soto y Gumercindo Ponce Mamani.
De igual modo, la denuncia es contra Yemen Bedoya Vera, Néstor Clavitea Ticahuanca y Juan Espinoza Manzano, por la presunta comisión del delito de colusión, alternativamente negociación incompatible.
Los denunciados están involucrados en irregularidades en el proceso arbitral seguido por el Consorcio Vial Moquegua – Arequipa contra el Gobierno Regional de Moquegua en el año 2015 por parte de los integrantes de la Procuraduría Pública del Gobierno Regional y el gobernador regional.
El Consorcio empleando las cláusulas estipuladas en el contrato de consultoría, celebrado con el Gobierno Regional, inició y entabló una demanda arbitral en su contrato el 30 de enero del 2015.
En el desarrollo del proceso arbitral, los denunciados, Edgardo Acevedo Velásquez, procurador público, lo abogados auxiliares Manuel Aguilar Atencio, Sergio Espinoza Soto y Gumercindo Ponce Mamani, ejercieron una defensa deficiente de los intereses del Gobierno Regional.
No cumplieron con contestar la demanda arbitral del plazo otorgado. No cumplieron con pagar el anticipo de los gastos arbitrales a su cargo. No cumplieron con acreditar el registro del nombre y apellidos del árbitro único en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado.
No impugnaron mediante recurso de reconsideración la resolución que denegó la solicitud del plazo adicional para responder la pericia de parte presentada por el Consorcio.
Presentaron de manera extemporánea el escrito sumillado, documentación que fue remitida a la Procuraduría con Informe Nro. 0204-2015-GRI-GG.MOQ. No presentaron el juego adicional de los documentos solicitado por el árbitro único en la Resolución Nro. 07. Presentaron de manera extemporánea una pericia contradictoria.
Los denunciados Edgardo Acevedo Velásquez, procurador público, los abogados auxiliares Manuel Aguilar Atencio, Sergio Espinoza Soto y Gumercindo Ponce Mamani, quienes participaron en el citado proceso de arbitraje, no solicitaron la rectificación, interpretación, integración o exclusión de laudo como requisito previo a interponer recurso de anulación de laudo, ni interpusieron recurso de anulación de laudo.
Sobre estos hechos, se imputa que Jaime Rodríguez Villanueva, en su calidad de gobernador regional, no ejerció la supervisión debida sobre los actos de la Procuraduría, lo que conllevó a que la defensa de los intereses de la entidad sea deficiente y se falle en contra del Gobierno Regional de Moquegua.
Por todo lo expuesto, entre otros puntos, este despacho advierte que es necesario realizar actos de investigación para esclarecer el hecho que se denuncia, razón por la cual, en uso de las atribuciones que la Constitución y la Ley le confieren al Ministerio Público y de las facultades de realizar diligencias que el Código Penal establece, para determinar si procede o no formalizar investigación preparatoria.
Se dispone, iniciar investigación preliminar en sede fiscal, por el plazo de 60 días, contra Jaime Alberto Rodríguez Villanueva, Edgardo Acevedo Velásquez, Manuel Aguilar Atencio, Sergio Espinoza Soto, Gumercindo Ponce Mamani, Yemen Bedoya Vera y Néstor Clavitea Ticahuanca, por la presunta comisión del delito contra la administración pública de negociación incompatible, en agravio del Estado – Gobierno Regional de Moquegua.
Una vez recabada la información detallada en los puntos antecedentes, recábese la declaración testimonial de Charles Wilson Ramos Quispe, Tito Fernando Guevara Flores, Alfredo Zirena Uria, José Freddy Zeballos Zeballos, Sara Quintanilla Zúñiga y los investigados, de acuerdo a la agenda del despacho.
La investigación está a cargo del fiscal provincial penal Emilio Ernesto Salas Apaza de la Fiscalía Provincial Corporativa, especialista en delitos de corrupción de funcionarios.