POR: VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Compartiendo experiencias foráneas, se incorpora en nuestros procesos electorales las elecciones primarias, muy necesarias y, aunque suene a sarcasmo, para democratizar los partidos políticos, romper con el verticalismo, con las imposiciones autoritarias, con una enorme cuota de centralismo, a lo que se adjetiva como “caciquismo”; que responde a una realidad tan común entre nosotros, que los patrones de las agrupaciones políticas “adueñados” del poder de decisión, menospreciando liderazgos internos paralelos, sean quienes decidan unilateralmente las candidaturas políticas.
Incluso en los partidos con una solvente estructura orgánica y un sólido soporte ideológico, se dejaron inducir por potentes liderazgos, para ser selectivos y excluyentes en sus cuadros dirigentes y políticos.
Este domingo 30 de noviembre y el domingo 7 de diciembre serán las elecciones primarias, que, como bien las califica el politólogo Fernando Tuesta, serán un “simulacro”, dado a que las complacientes modificaciones a la legislación electoral no han hecho más que colocarnos en modo regresivo, dejándolas como un formalismo más, sin que realmente se permita un auténtico ejercicio democrático al interior de los partidos, profundizando la brecha de deslegitimidad de las agrupaciones políticas.
Este proceso interno es determinante, porque allí se definen los candidatos que finalmente participarán de las elecciones generales; hasta hoy tienen la condición de precandidatos presidenciales.
Son 36 agrupaciones políticas y 3 alianzas electorales las que deberán participar de estas convocatorias previas, de las cuales solo dos irán a elecciones internas con la participación de sus afiliados y con la obligación de que participen el 10% de ellos; caso contrario, estarán excluidos de las elecciones generales de abril próximo.
Uno de ellos es el APRA, un partido tradicional, con dos ejercicios de gobierno, bastante diezmado, que asumirá sus procesos internos con 14 propuestas de planchas presidenciales, lo que podría leerse como paraíso democrático cuando lo cierto son las graves contradicciones internas que viene arrastrando desde tiempo atrás, que incluso lo llevó a tener que reinscribirse; y el otro será Renovación Popular, pero más por errores administrativos en la formulación de sus estatutos.
La paradoja que nos propone la ley electoral es que precisamente aquellas agrupaciones que no optaron por las elecciones internas y más bien se inclinaron por la comodidad de las elecciones por delegados, que son 37 agrupaciones, no estarán sujetas a las exigencias de participación del 10% de afiliados y sí a la irrisoria cifra del 10% de los delegados, lo que es una grave contradicción, privilegiando y empoderando las decisiones partidarias unilaterales, con ausencia directa de sus bases.
Cuando las normas deberían fortalecer a las agrupaciones que inciden en una abierta y masiva incumbencia de sus afiliados. Veamos la norma: “Para la modalidad de delegados se requiere el 10% de votos válidos de los delegados electos”.
Ahora bien, si por un lado se priorizan las elecciones por delegados, lo más grave, como efecto, es ir al encuentro de listas únicas, pues de las 39 agrupaciones participantes, 34 presentan listas únicas y solo 5 van con más de una fórmula presidencial.
Es decir, resulta una pantomima llamar “elecciones primarias” cuando no habrá alternativas ni opciones políticas de contraste; simplemente se cumplirá con la mínima exigencia electoral de convocar y ratificar a las planchas presidenciales, sin reparar que estas deben ser consecuencia de la decisión soberana de las bases, sus militantes.
Las elecciones primarias demandan gastos al Estado, publicidad, formalidades burocrático-administrativas y están supervisadas por la ONPE, quien convalida o no la transparencia del proceso para habilitar su continuidad en las elecciones. Pero nos resulta un esfuerzo insulso del Estado acudir a legitimar procesos que, desde su inicio, ya definieron sus candidaturas únicas.
Por lo que debiera acudirse a metodologías pasadas, inscripciones directas —sin que las convalidemos—, porque ya hay una decisión tomada y no se justifican mayores gastos presupuestales.
Un esfuerzo importante para democratizar los procesos internos de las organizaciones políticas se dio con la Ley 30998, que establecía de manera obligatoria las elecciones primarias, denominadas PASO, con el “voto universal, libre, obligatorio, igual, directo y secreto de todos los ciudadanos, estén o no afiliados a una organización política”, añadiéndose una exigencia: que deberían superar el 1,5% de los votos válidamente emitidos en las elecciones primarias, lo que constituía un requisito indispensable, es decir, una auténtica valla electoral.
La pandemia vino relegando su aplicación y una recomposición en la representación parlamentaria, con un perfil escasamente institucionalista, vino a acudir a su reforma, una vez más, para reducirla a su mínima expresión. Como viene sucediendo actualmente, con la Ley 31981 se deja a discrecionalidad de las organizaciones políticas que sean abiertas con afiliados y no afiliados, solo afiliados o a través de delegados.
Como era de esperarse, y ya lo anotamos líneas arriba, ninguna agrupación se decidió por la primera opción y el grueso de ellas optó por la ruta más favorable a sus intereses: por delegados. De manera recurrente se señala nuestras falencias democráticas, de la reforma política, pero poco se aborda un tema muy serio y que es el soporte de una democracia: los partidos políticos.
Somos conscientes de que no pasan por su mejor momento, que cargan tras de sí las culpas de nuestros fallidos procesos; graves denuncias de corrupción están muy compenetradas en su evolución histórica; han renunciado a enarbolar banderas de políticas públicas que puedan saciar las demandas ciudadanas, optando por el oportunismo, la comodidad del poder y sus concesiones.
Por ello, es perentorio acudir a un irrenunciable proceso de reconversión empezando por democratizar sus procesos internos, permitiendo alternancias y renovación de cuadros que permitan refrescar la política partidaria y nacional.
Esta era una oportunidad para, en las justas electorales de abril próximo, proponerle al país desprendimiento, compromiso y responsabilidad política, y su respuesta fue todo lo contrario: manipularon las leyes a su beneficio, fueron indulgentes consigo mismos y nos llevan a elecciones con los nombres, rostros y quehaceres de siempre.
Lo que no solo coloca en una posición de decepción a los electores, sino de desafectación democrática, muy peligrosa, cuya responsabilidad mayor la tienen precisamente los partidos políticos.
No es pues irónico advertir que de elecciones primarias, nada; democracia interna, inexistente —con raras excepciones—, que ahondan nuestra crisis democrática y la crisis de los partidos políticos. Un tema de agenda pública nacional.
