POR: VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
El Poder Ejecutivo-este último miércoles- presentó el proyecto de ley, con el carácter de urgente, para que se le delegue la facultad de legislar en materia tributaria, fiscal, financiera y de reactivación económica. Lo que ratifica la previsión constitucional, que quien tiene la titularidad legislativa ordinaria es el Congreso, y de manera excepcional en quien no es su depositario habitual el Poder Ejecutivo, a través de los decretos de urgencia o por delegación, mediante decretos legislativos. La delegación de facultades se materializa en una ley autoritativa enmarcada en un control previo, deben respetarse los límites temporales: el pedido se hace para un plazo determinado y los limites materiales: el pedido es sobre una materia especifica objeto de la delegación y no referidos a materia indelegable, como lo son las reformas constitucionales, tratados, leyes orgánicas, ley de presupuesto y ley de cuenta general. Una vez que el Ejecutivo promulga el o los Decretos legislativos, están sujetos a un control posterior, siendo más riguroso, ya no sólo controlando que no se excedan de los parámetros iniciales sino también, a su compatibilidad en sus contenidos con los principios y derechos constitucionales; esta responsabilidad recae en la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso; y aún más, están expeditos todos los mecanismos de control constitucional, cual si fuera una ley ordinaria, una demanda de inconstitucional es procedente.
La delegación de facultades legislativas, se justifica para la emisión de normas que exigen una mayor argumentación, desarrollo y contraste técnico, la mayoría de Códigos, surgen de ese marco normativo; también, es común y un necesario instrumento del buen gobierno, que al instalarse en el ejercicio de sus funciones las nuevas autoridades ejecutivas nacionales para plasmar su política general, necesitan de un marco legal que le ayude en la inmediatez de las circunstancias a impulsar y concretar las propuestas que asumió antes sus electores, honrando su responsabilidad democrática, y sin transgredir el marco constitucional.
El presente pedido de facultades legislativas, no es un caso aislado, están las evidencias normativas, que corroboran su solicitud y materialización a inicios de todo gobierno. La delegación de facultades propuesta gira en torno a tres ejes específicos: el fortalecimiento de la política fiscal y tributaria con el efecto de mejorar los ingresos y atender sectores con fuerte demanda social; mejorar la competitividad y transparencia del sistema financiero, fortalecimiento del Banco de la Nación; y apoyar el proceso de reactivación económica impulsando la inversión pública y privada. Es decir, materias propias de la gestión de gobierno, de quien administra el Estado, es él quien ausculta la situación política, social, económica del país, quien determina las políticas sectoriales y nacionales, y siendo necesario un marco legal renovado, requiere de ese instrumento político-constitucional, para ejecutar sus políticas y proyectos de gestión.
La materia que, a despertado mayor contraste en la escena política, es la propuesta de reforma tributaria, en perspectiva de recaudar 12,000 millones adicionales por año. Un pedido que aún tiene que dictaminarse en dos comisiones parlamentarias y luego deliberarse en el pleno del congreso, superar los imprescindibles filtros reglamentarios; y nos encontramos con lo expresado de forma desproporcionada-simboliza una suerte de extremismo- por el ex congresista Martin Belaúnde quien refería en fecha reciente: “es como dar una soga para que el gobierno de Castillo/Cerrón ahorque a las inmensas mayorías de los peruanos, eso quieren hacer”. Lo cierto es que la economía nacional y mundial, como consecuencia de la pandemia han sido fuertemente afectadas, y cada Estado y sus gobiernos desde sus particularidades, tiene la responsabilidad de proponer las políticas oportunas, necesarias y adecuadas, sin incurrir en excesos que puedan ser contraproducentes ni mucho menos generar afectaciones a la institucionalidad. La propuesta de ley, no implica una aprobación inmediata, sí garantiza un debate, al que nadie debe excluirse, pero con apertura democrática de aportar, construir, oponerse y también aceptar, los signos elementales de toda democracia. Nuestro país necesita de mejorar su recaudación, hay sectores y actividades económicas que en menor grado sintieron los impactos de la pandemia; en una democracia, sustentada en principios humanistas como la nuestra, nos propone solidaridad, es este acaso ajeno a nuestro quehacer de vida.
Hace dos días el G20, que aglutina a los 20 países de mayor desarrollo y que representan el 85% de la economía mundial lograron un “acuerdo histórico” para imponer un impuesto mínimo global a las empresas multinacionales. Antes, impulsados por la OCDE, 136 países acordaron un impuesto mínimo global del 15%, para ordenar los beneficios que obtenían las empresas multinacionales buscando jurisdicciones donde los impuestos son menores; no están ajenas a estas decisiones dos instituciones pilares de la economía mundial: el Banco Mundial, ha defendido que lo fundamental es lograr crecimiento para los países de todo el mundo y las tasas impositivas son una cuestión importante para todos; el FMI, está a favor de la posibilidad de establecer un impuesto mínimo a nivel global para gravar los beneficios de las corporaciones e incluso ha propuesto introducir subidas de impuestos temporales a las rentas más altas para ayudar a pagar la factura de la crisis. La crisis de la pandemia, ha golpeado a todos, a unos más que otros, es legítima la reacción correctiva de la comunidad internacional en el contexto de los impactos de la pandemia; porque no ha de ser legitima, en nuestro país.
