Ante la denuncia de los comuneros del centro poblado de Quilcata sobre la destrucción de sus cabañas presuntamente ocasionada por el proyecto minero San Gabriel, la Dra. Lennie Romero Navia, representante de la Defensoría del Pueblo en Moquegua, solicitó información detallada a las autoridades locales. La denuncia fue respaldada por testimonios que descartan que se trate de un conflicto familiar, como inicialmente se había señalado.

Romero explicó que la Defensoría está a la espera de la documentación necesaria para determinar las acciones que han tomado las distintas instancias involucradas en este caso.

“Nos hemos comunicado telefónicamente con la Sra. Martina Chambilla Mamani, quien ha informado que su hermano, Bernabé Chambilla Mamani, y su hermana, Alejandrina Chambilla Mamani, fueron agredidos física y psicológicamente en la zona, y que aparentemente serían víctimas de un desalojo por parte de la empresa minera Buenaventura”, expresó.

La Defensoría ha dado un plazo de 5 días a las autoridades competentes, como el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú (PNP), para que entreguen toda la información relacionada con estos hechos.

Asimismo, Romero aseguró que se supervisará de cerca que las entidades del Estado actúen conforme a sus atribuciones, garantizando que no se vulneren los derechos de los comuneros y que el proceso se desarrolle en el marco de la legalidad.