POR: ABOG. JESÚS MACEDO GONZALES
Durante los últimos días, el país ha sido testigo de un intenso debate entre el Ministerio Público y la Junta Nacional de Justicia, a raíz de la situación legal de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides. La controversia sobre si debía ser restituida en su cargo ha quedado, al menos temporalmente, resuelta: el Poder Judicial, mediante una resolución firmada por el juez supremo Zigismundo León, declaró fundada la medida cautelar solicitada por la actual fiscal de la Nación, Delia Espinoza. Esta decisión impide que Benavides asuma cualquier puesto de liderazgo en el Ministerio Público por un plazo de 24 meses, fundamentándose en graves indicios de su presunta participación en una red de corrupción dentro del sistema de justicia.
Más allá del revuelo mediático y jurídico en torno a Benavides, es imprescindible dirigir la atención hacia quienes verdaderamente honran sus funciones con integridad. Una de esas figuras es la fiscal Berstsabel Revilla, cuya labor merece mayor reconocimiento y respaldo público, ya que la historia antes de Benavides se remonta al momento en que la fiscal Revilla inició investigaciones contra las hermanas Benavides: Patricia, entonces fiscal de la Nación, y Enma, jueza superior. Revilla recibió información que indicaba que Enma Benavides habría recibido sobornos a cambio de liberar a presuntos narcotraficantes. En cumplimiento de su deber, la fiscal solicitó medidas cautelares contra Patricia Benavides y otros involucrados, evidenciando un compromiso firme con la justicia, incluso cuando ello implicaba investigar a su propia superior jerárquica. Se trató, sin duda, de un acto de valentía, rectitud y responsabilidad institucional.
Sin embargo, este compromiso le costó caro. Patricia Benavides, entonces en el cargo más alto del Ministerio Público, decidió remover a Revilla de su puesto. Justificó esta decisión alegando una supuesta “baja productividad”, a pesar de que no existían antecedentes disciplinarios contra la fiscal Revilla y que más del 90% de su carga procesal era exitosa. Paradójicamente, fue apartada de su cargo por cumplir con su deber: investigar la corrupción con honestidad.
Berstsabel Revilla representa con claridad lo que significa ser una verdadera defensora de la legalidad y la justicia. Su caso, lamentablemente, no es aislado. En el pasado, otros funcionarios públicos que se opusieron a los abusos del poder corrieron la misma suerte. El Tribunal Constitucional fue desmantelado por pronunciarse contra la reelección inconstitucional de Alberto Fujimori; el procurador Ronald Gamarra fue apartado tras denunciar los crímenes del régimen fujimorista; la jueza Antonia Saquicuray fue retirada por declarar inaplicable la ley de amnistía que protegía a los miembros del Grupo Colina. Todos ellos fueron víctimas de represalias por defender principios fundamentales, pero con el tiempo, la historia los ha reivindicado.
La honestidad, aunque muchas veces marginada o silenciada, tiene un valor incalculable. Y aunque en ocasiones el poder corrupto logre apartar a los funcionarios íntegros, la verdad y la justicia terminan prevaleciendo. Por eso, es momento de cambiar el enfoque. No debemos centrar toda la atención mediática en los personajes cuestionados o investigados por corrupción. Es urgente visibilizar y respaldar a quienes, como Berstsabel Revilla, encarnan los valores más nobles del servicio público. Si solo hablamos de los corruptos, corremos el riesgo de creer que todos lo son. Y eso, simplemente, no es cierto. Hay muchos fiscales, jueces y funcionarios honestos que día a día sostienen la institucionalidad del país, muchas veces en silencio y sin reconocimiento.
La verdadera transformación del sistema de justicia no vendrá únicamente de reformas estructurales, sino del respaldo social a quienes luchan, con integridad, por mantenerlo en pie. Reconozcamos y celebremos a los verdaderos defensores de la legalidad y la justicia.
