La defensa del expresidente Ollanta Humala Tasso presentó ante el Poder Judicial una solicitud de excarcelación a favor del exmandatario, quien cumple una condena de 15 años de prisión por el delito de lavado de activos agravado, impuesta en abril del año pasado.
Su abogado, Edinson Huamán, informó que el pedido fue elevado a la Segunda Sala Penal de la Corte Superior Nacional, instancia que deberá programar una audiencia para evaluar la solicitud.
“El día de ayer hemos presentado un pedido para que a raíz del fallo del Tribunal Constitucional y del fallo de la Corte Suprema proceda con la liberación del expresidente, porque estamos ante un caso que no es delito”, declaró en entrevista con RPP.
El letrado sostuvo que Humala lleva nueve meses privado de su libertad, pese a que en noviembre del año pasado la Sala Constitucional Superior determinó que la ejecución provisional de la pena era inconstitucional, al haberse ordenado su internamiento sin una sentencia debidamente motivada y redactada.
“Ahora lo que procede es que la sala convoque a una audiencia a raíz de nuestro pedido y analice a raíz de los nuevos hechos, que es el fallo del TC y de la Corte Suprema, evalúe el tema de fondo y que los hechos que nos imputan, y por el cual nos han condenado, no es delito”, enfatizó.
CASOS SIMILARES
Huamán consideró que la situación jurídica de su patrocinado guarda similitud con el proceso seguido contra Keiko Fujimori por los aportes a sus campañas electorales de 2011 y 2016, el cual fue archivado tras un pronunciamiento del Tribunal Constitucional que fue acatado por el Poder Judicial.
“Es igual porque la imputación es idéntica. Nos imputan que supuestamente hemos recibido dinero del gobierno de Venezuela o de la empresa Odebrecht en un contexto de campaña política y que ese dinero se gastó en la campaña política. Ese es el punto, la génesis”, explicó.
Según el abogado, la supuesta recepción de fondos para campañas electorales en el año 2011 y en periodos anteriores no constituía delito conforme a la legislación vigente de ese entonces.
“Al margen de la calificación jurídica que le pueda dar el Ministerio Público, si es conversión, ocultamiento o transferencia, la génesis, el punto de partida, es el simple hecho que me imputen de recibir dinero para una campaña política, no es delito”, insistió.
IMPUTACIONES
El defensor precisó que a Humala se le atribuye haber recibido aportes irregulares en las campañas electorales de 2006 y 2011. En el caso de 2011, se le imputa un supuesto aporte de tres millones de dólares de Odebrecht, una imputación que, remarcó, es idéntica a la formulada contra Keiko Fujimori.
“Nunca nos imputan después de supuestamente recibir dinero el año 2011 algún tipo de compra o alguna acción específica de lavado. Para la fiscalía, el supuesto lavado es únicamente el gasto de campaña y el TC ya dijo que eso no es delito”, afirmó.
Respecto a la imputación correspondiente al año 2006, indicó que se basa en la presunta recepción de dinero del gobierno venezolano, del cual una parte habría sido utilizada en la campaña y otra, supuestamente, en la adquisición de bienes.
“Según el TC y la norma también el simple hecho de recibir dinero para campaña política es delito a partir del año 2019. (Antes) Es una donación y si no se declara sería falsa declaración, un procedimiento administrativo que ya está prescrito porque tiene una pena baja”, señaló.
Finalmente, Huamán cuestionó que ni en la acusación fiscal ni en la sentencia se precise el monto exacto del dinero supuestamente recibido. “Si no me pueden decir cuánto yo he recibido, mucho menos me van a poder decir cuánto he gastado. Ese es el gran vacío y abuso que se comete”, concluyó.
