POR: FERNANDO VALDIVIA CORREA
“Odebrecht pone y saca presidentes”, ha sido la desafinada frase utilizada recurrentemente al hacer referencia a la corrupción por parte de esta empresa brasileña enquistada en jugosos negociados en las esferas del gobierno de turno. Y no se equivocó, por lo menos no con Alejandro Toledo, y probablemente tampoco con Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski. Años después, ironías de la vida, la historia es repetida como una farsa: La Fiscalía no pone, pero sí saca ministros.
Hace poco más de una semana, Delia Espinoza anunció con efervescencia que Dina Boluarte tiene 34 carpetas fiscales abiertas, precisando que a no todas las denuncias es llamada a declarar, sino que escogen cual resulta de “relevancia”. Pero, la titular del Ministerio Público tiene un inconveniente con la señora Boluarte: Es la presidente, y no puede encarcelarla, pues goza de protección constitucional.
En esa desesperación, y cumpliendo mandados caviares de tumbársela a como dé lugar, Espinoza fijó el objetivo en el gabinete. El primero de su lista fue Julio Demartini, sindicado como presunto autor de los delitos de negociación incompatible y de obstrucción a la justicia en el caso Qali Warma (hoy Wasi Mikuna). No pararon hasta que renunciase el 1 de febrero pasado al frente del MIDIS. A los días, ante las voces que sería designado embajador ante el Vaticano, pidió impedimento de salida del país, programándose la Audiencia para el pasado 4 de los corrientes. Por su parte, el exministro afirmó que su idea es quedarse en el Perú. Sin embargo, el último jueves, el Poder Judicial declaró infundado el pedido fiscal, precisando que “la posibilidad que asuma un cargo diplomático no constituye un argumento válido para restringir su movilidad”, aunque ya el daño estaba hecho.
Le siguió Juan José Santivañez. En enero de este año fue obligado a entregar su ICloud y su contraseña, a lo que se negó aduciendo que en esa cuenta mantenía conversaciones, fotos, videos etc., privadas, y que, si la Fiscalía quería alguna información precisa, simplemente que la pidiera. En represalia, llegaron los allanamientos a su inmueble. A falta de uno, fueron dos, siendo el último ocurrido el 19 de este mes, a propósito de la imputación como presunto autor del delito de tráfico de influencias cuando actuaba de abogado independiente, acusado de haber sobornado jueces y hasta magistrados del Tribunal Constitucional para lograr liberar a sus clientes. Santivañez calificó de “payasada” el accionar del Ministerio Público en esta diligencia.
En tanto todo este show mediático venía sucediendo, la presión mediática arribó al Parlamento y con la excusa perfecta de la penosa muerte del vocalista de un conocido grupo musical, se presentaron hasta 4 mociones de censura para ser votadas el último viernes. Previamente, la Junta de Portavoces le dio la oportunidad al ministro para que un día antes presentase sus explicaciones ante el Pleno. Así lo hizo, aunque era previsible que su suerte estaba echada. Fue así, y se cumplió con la tarea encomendada a Delia Espinoza, pues con 78 votos el Congreso censuró a Juan José Santivañez.
Minutos más tarde, desde Palacio de Gobierno, la Jefe de Estado le agradeció la labor encomendada, pero -como en el caso de Demartini- el daño ya está hecho. Objetivo cumplido Delia: La Fiscalía saca ministros.
