Daniel Toranzo Castillo, excandidato al Consejo Regional de Arequipa y activista de la provincia de Islay, anunció que el próximo 18 de octubre iniciará una marcha de sacrificio a pie hacia Arequipa, como medida de protesta ante la falta de respuestas que, sostiene, existe frente a la situación de menores expuestos a metales pesados.
En entrevista televisiva señaló que quienes deseen sumarse podrán acompañarlo durante el recorrido y explicó que la medida busca poner nuevamente en agenda la situación de los niños.
430 MENORES SOMETIDOS A TAMIZAJE
Según Toranzo, se entregaron autorizaciones a los padres de aproximadamente 1800 escolares de primaria de la provincia de Islay para que decidieran si permitían que sus hijos fueran sometidos a tamizajes para detectar arsénico y boro. De ese total, 430 dieron su consentimiento.
Indicó que los exámenes fueron practicados entre septiembre y octubre de 2023 y que posteriormente se conocieron los resultados. De acuerdo con su versión, todos los menores evaluados registraron presencia de estos elementos. “Los 430 dieron positivo”, aseguró.
DECISIÓN FISCAL
La protesta tiene además como antecedente la respuesta a una denuncia presentada por Toranzo contra el gobernador regional Rohel Sánchez, el alcalde provincial Richard Ale Cruz, el burgomaestre de Deán Valdivia, Fernando Camargo Huayna, y el entonces gerente regional de Salud, Walther Oporto Pérez, por los presuntos delitos de omisión, rehusamiento o demora de acto funcional ante ese panorama.
El Ministerio Público determinó que no procede formalizar ni continuar investigación preparatoria contra los comprendidos en la denuncia. En ese sentido, Toranzo manifestó que continuará evaluando el caso con sus abogados. “No vamos a permitir que fácilmente lo archiven”, afirmó.
RESPUESTA TARDÍA DE MINSUR
Asimismo, el activista puntualizó que su medida de fuerza responde al rechazo de la unidad minera San Rafael, de la empresa Minsur, a una visita técnica que pretendía realizar a través del Consejo Regional. El objetivo de la inspección era conocer el funcionamiento de su planta de tratamiento de aguas residuales industriales para evaluar una eventual réplica en Islay. Sin embargo, la minera desestimó el pedido argumentando la presencia de un brote de sarampión en Puno; respuesta que, según indicó Toranzo, tardó más de cinco meses en llegar.
