En una nueva jornada de exposiciones de la Cumbre de los Pueblos Afectados por la Minería que se realiza en paralelo a la convención minera Perumín en Arequipa, Jorge Tacuri Aragón, abogado de comunidades y pueblos originarios, dijo que el trasfondo en torno a la criminalización de la protesta por parte el Estado es un asunto de persecución política y penal en contra de los manifestantes y dirigentes.

DEFENDIENDO UN DERECHO MAYOR

Debido a que las acciones que se realizan en una protesta pueden ser calificadas como criminales, señala que debe considerarse que quien realiza la manifestación lo está haciendo por defender un derecho o bien jurídico mayor.

Es decir, de acuerdo a Tacuri, en las manifestaciones donde se bloquean las vías de comunicación por ejemplo, no tendrían que tomarse como actos criminales. “Porque se está defendiendo un derecho mayor, que sería la protección del medio ambiente. Por lo que no existiría lugar para una denuncia penal contra los manifestantes” puntualizó.

Señaló que en todo el contexto de las manifestaciones existe un tendencia para la calificación de las protestas que se dan en el país y que por ese motivo, se convierte en un delito.

“Siempre existe un sesgo en las protestas a nivel nacional. Se cree que porque alguien se paró en medio de la pista a impedir el paso de algún vehículo, ya está cometiendo un delito. Ya es un delincuente y ya debería estar en la cárcel”