POR: JULIO FARFÁN VALVERDE (UDI – UNIDAD DE INVESTIGACIÓN)
Los consejeros regionales de Moquegua —César Félix Marín Cáceres, Alonso Joann Quispe Romero, Maribel Grecia Mamani Asencio, Cristian Branco Cuaila Paripanca, Carla Yolanda Cornejo Rivera de Peña, Pedro Noguera Prado, Ángel Wilder Paredes Cuadros, Modesto Quispe Jorge, Gabriela Andrade Palomo y Hernán Cecilio García Cornejo— han optado por la inacción. A más de dos años de haberse revelado públicamente el caso “Corrupción 4×4”, que involucra a la gobernadora Gilia Ninfa Gutiérrez Ayala y a su círculo de confianza, el Consejo Regional de Moquegua no ha conformado ninguna comisión investigadora ni emitido un solo informe de fiscalización.
Lo que más llama la atención es el silencio de los propios consejeros por la provincia de Ilo, quienes en campaña levantaron la bandera (y la escoba) de la lucha anticorrupción y prometieron fiscalizar con firmeza. Sin embargo, César Félix Marín Cáceres, Pedro Noguera Prado —actual consejero delegado— y Hernán Cecilio García Cornejo tampoco han hecho nada para impulsar una comisión investigadora ni exigir transparencia frente al caso “Corrupción 4×4”.
EL CASO
En el caso “Corrupción 4×4”, que involucra a la gobernadora regional Gilia Ninfa Gutiérrez Ayala, su hermana Katherine Gutiérrez Ayala, su pareja Luis Yonathan Sanca Umiyauri y la funcionaria de confianza Verónica Beatriz Véliz Yampi, los consejeros regionales del Gobierno Regional de Moquegua continúan mirando hacia otro lado.
Desde la publicación de la denuncia periodística el 11 de septiembre de 2023, que puso al descubierto un entramado de contrataciones presuntamente direccionadas, uso de empresas fachada y favorecimientos indebidos, no se ha conformado ninguna comisión investigadora ni se ha emitido un solo informe de fiscalización por parte del Consejo Regional de Moquegua.
En contraposición, el Consejo Regional de Arequipa sí actuó con celeridad y responsabilidad: conformó una comisión especial investigadora, presidida por el consejero regional Cesar Ángel Huamantuma Alarcón, cuyo grupo de trabajo elaboró un informe detallado sobre las contrataciones irregulares y, tras su aprobación por unanimidad, remitió el caso al Ministerio Público, lo que permitió la formalización de investigación penal contra los principales implicados.
EN AREQUIPA COMISIÓN INVESTIGADORA ACCIONÓ
El informe de la Comisión Investigadora del Consejo Regional de Arequipa —aprobado mediante Acuerdo Regional N.° 118-2024-GRA/CR-AREQUIPA— confirmó la veracidad de la denuncia de la UDI de Prensa Regional: la red de presunta corrupción no solo operó en Arequipa, sino que trasladó su modus operandi a Moquegua, bajo la protección política de la gobernadora Gilia Gutiérrez Ayala.
A partir de dicho informe, el Ministerio Público de Arequipa formalizó investigación preparatoria contra Verónica Véliz Yampi, Luis Yonathan Sanca Umiyauri, Slender Alonso Andía Condo y Paty Isamar Aquima Sotomayor, por los presuntos delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo y falsedad genérica, en agravio del Estado.
La Disposición Fiscal N.° 08, de fecha 28 de agosto de 2025 del Ministerio Público de Arequipa, reconoce expresamente que los hechos investigados se originan en la denuncia periodística publicada por la UDI de Prensa Regional, donde se documentó cómo los mismos funcionarios y contratistas manipulaban procesos menores a ocho UIT para beneficiar reiteradamente a empresas vinculadas a Luis Sanca Umiyauri.
EL ROL CLAVE DE VERÓNICA VÉLIZ YAMPI
Verónica Beatriz Véliz Yampi fue jefa de Logística del Gobierno Regional de Arequipa durante la gestión del gobernador Rohel Sánchez. Desde ese cargo, validó múltiples órdenes de compra y servicio a favor de la empresa AQSA Asesoría y Construcción S.A.C., manejada por personas cercanas a Luis Sanca Umiyauri y Paty Aquima Sotomayor.
Tras su salida de Arequipa, lejos de ser investigada o apartada, fue designada nuevamente en un puesto de confianza: la gobernadora Gilia Gutiérrez Ayala la nombró jefa del Sistema Administrativo de Abastecimiento de la Subregión Ilo, mediante Resolución Ejecutiva Regional N.° 411-2024-GR/MOQ, del 12 de noviembre de 2024.
Desde su llegada a Ilo, proveedores locales han señalado que Véliz Yampi habría repetido el mismo patrón de direccionamientos y favoritismos hacia empresas de Arequipa, generando sospechas sobre la continuidad del esquema irregular. Incluso, un audio revelado por la Unidad de Investigación de Prensa Regional la vincula con un presunto intento de obstrucción en el caso “Corrupción 4×4”.
En la grabación —registrada días antes de que un testigo clave declarara ante la Fiscalía— se escucha a una funcionaria del área de Logística, identificada como Verónica Véliz Yampi, ofreciendo la contratación de camionetas 4×4 a cambio de “favores” o “cooperación” procesal, lo que podría configurar un acto de condicionamiento indebido o encubrimiento.
UNA RED INTERREGIONAL QUE NADIE FISCALIZA EN MOQUEGUA
Los hechos son contundentes: la Fiscalía de Arequipa ya formalizó investigación penal y continúa avanzando con diligencias, mientras que en Moquegua la Fiscalía Anticorrupción permanece inactiva, y los consejeros regionales no han ejercido sus facultades fiscalizadoras.
No existe hasta la fecha ningún acuerdo del Consejo Regional que disponga la creación de una comisión especial de investigación sobre las contrataciones de la Subregión Ilo o sobre la actuación de Verónica Véliz Yampi.
La Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (Ley N.° 27867), en su artículo 15, establece claramente que es función de los consejeros fiscalizar la gestión del Ejecutivo Regional y formar comisiones para investigar hechos de interés público o posibles irregularidades. Sin embargo, esta obligación ha sido sistemáticamente ignorada por los representantes moqueguanos, pese a la abundante evidencia que hoy se encuentra en sede fiscal en Arequipa.
AREQUIPA AVANZA, MOQUEGUA RETROCEDE
Mientras Arequipa demostró responsabilidad institucional —derivando su informe al Ministerio Público, al Órgano de Control Interno y a la Procuraduría Pública Regional—, en Moquegua se ha impuesto el silencio y la indiferencia política.
La gobernadora regional continúa rodeada del mismo círculo de confianza, sin que los consejeros ejerzan control ni formulen cuestionamientos públicos. En la práctica, la inacción del Consejo Regional se traduce en una protección tácita hacia funcionarios y contratistas señalados por presunta corrupción.
Es un precedente alarmante: mientras una región (Arequipa) impulsa la justicia y la transparencia, la otra (Moquegua) normaliza la impunidad.
EL SILENCIO DE LOS CONGRESISTAS MOQUEGUANOS
A este cuadro de omisión se suma la pasividad de los dos congresistas por Moquegua, Samuel Coayla y Víctor Cutipa quienes, pese a las denuncias públicas y al escándalo nacional que ha trascendido fronteras regionales, no han formulado pedidos de información, requerimientos de fiscalización ni interpelaciones ante las instancias de control.
Su silencio se explicaría, según fuentes políticas, por vínculos partidarios y alianzas de conveniencia con las autoridades regionales y funcionarios cuestionados.
En lugar de cumplir su deber de fiscalizar y representar los intereses de la población moqueguana, han optado por priorizar sus sueldos, dietas y viajes de representación, mientras los recursos públicos continúan siendo objeto de presunto manejo indebido.
CUANDO EL SILENCIO PROMUEVE LA CORRUPCIÓN
Los hechos están a la vista. El caso “Corrupción 4×4” —originado en una denuncia periodística de Prensa Regional— ha trascendido hasta convertirse en una investigación penal en curso y avanza en Arequipa. Sin embargo, en Moquegua, donde los mismos protagonistas siguen operando, las autoridades políticas permanecen inmóviles.
El Consejo Regional de Moquegua tiene la obligación de formar de inmediato una comisión investigadora, revisar las contrataciones realizadas bajo la jefatura de Verónica Véliz Yampi y remitir sus conclusiones a los órganos competentes.
De lo contrario, la historia los juzgará no solo por su indiferencia, sino también por su silencio frente a la corrupción, el mismo que ha intentado acallar a diferentes periodistas y medios de comunicación.
