POR: VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Después del abrupto cambio del gabinete encabezado por Héctor Valer y su necesaria recomposición, en el camino para evitar la censura renunció entre irónicos festejos de despedida el ministro de Transportes Juan Silva y en proceso la interpelación al inefable ministro de Salud Hernán Condori, se espera este martes la presentación del premier Aníbal Torres ante el Congreso, para exponer la política general de gobierno y recabar el voto de confianza, que dentro de la imprevisibilidad con que actúa y decide el congreso no hay ningún certeza que así será, como lo advirtió el propio premier, pese a las rondas de conversaciones con distintas bancadas parlamentarias.
Y esto es reflejo de la propia inestabilidad del gobierno, ministros con graves e indefendibles objeciones, una media de un Gabinete cada dos meses, denuncias de corrupción, una centena de designaciones en distintos niveles cuestionadas, copamiento de la administración, aniquilar lo escasamente avanzado en políticas públicas y el alboroto de estos últimos días con la “colaboración eficaz” de un personaje inmiscuido en las altas esferas de gobierno. Es pues, el pan de cada día, si fuera otro gobierno se diría que se realizan con fines distractivos, ya no es la ingenuidad del aprendiz, es la torpeza, ineptitud y mala fe de gestión, lo que de ninguna manera se debe pasar por alto.
El Parlamento ensimismado en su propia y mezquina realidad, sin norte de lo que es o quiere ser, prioriza los intereses subalternos y de grupo, muestra es que la prioridad en el fortalecimiento y consolidación de la reforma universitaria está a punto de petardearse, la expectativa puesta a regañadientes sobre la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional próxima a colapsar por la exclusión de un candidato con manifiesto sesgo político, colocando las importantes funciones de fiscalización y control político en un segundo orden, sólo actuando por efecto rebote a las denuncias mediáticas, no hacen más que ahondar su propia brecha de desencuentro con la ciudadanía.
Y un eje que despierta su particular atención, por circunstancias de sobrevivencia política, es regular y precisar, acudiendo a forzadas leyes interpretativas, instrumentos normativos de contención frente al ejecutivo: redefinir y acotar la cuestión de confianza, forzando una nueva interpretación del Tribunal Constitucional; modificar la ley de participación ciudadana para neutralizar los impulsos ciudadanos vía referéndum de reformas constitucionales y tantos más que se nos vienes, con la prolija actitud de la Comisión de Constitución, bajo presidencia de la fujimorista Patricia Juárez.
En estos últimos días, y porque no decir son materia recurrente, se sembró la posibilidad de la renuncia del presidente para evitar acusaciones futuras y asumiendo su propia incompetencia; los “caseritos” de siempre anunciaron la presentación de un segundo pedido de vacancia presidencial; se propusieron dos acusaciones constitucionales contra el presidente Castillo, una de ellas ya con informe de calificación procedente de la subcomisión de acusaciones constitucionales por “traición a la patria”, por supuestamente haber comprometido la soberanía nacional, en una primera e infeliz entrevista a un medio internacional; y al calor de dicha polémica, se ha sumado un bizantino debate sobre convocar un adelanto de elecciones presidenciales y congresales o luego de vacar al presidente convocar a elecciones generales, estas últimas no son nada pacificas en las posiciones interpretativas. No está demás anotar que se plantearon acusaciones constitucionales y mociones de censura contra la presidenta del Congreso. Este debate a llegado a calar en la sensibilidad ciudadana, respondiendo una vasta mayoría “que se vayan todos”, lo que ha puesto las barbas en remojo de ambos frentes, cuesta decirlo, el legislativo y ejecutivo.
Estamos soportando el temporal de la inestabilidad política, por la resistencia de nuestras instituciones, la parsimonia ciudadana tan movida en otras circunstancias similares, los efectos de la pandemia que incentivo cierto inmovilismo y el ponderado manejo económico más incentivado por los importantes ingresos que generan nuestras exportaciones especialmente recursos minerales; sin embargo, no somos ajenos al actual contexto internacional, con fuertes impactos en las economías estatales, especialmente en los recursos energéticos, generaran encarecimiento de insumos y repercutirá en las políticas locales, despertando de su adormecimiento a los movimientos sociales, estamos advertidos.
No podemos caer en la complacencia de asumir como regular un contexto histórico político ajeno a una democracia sólida, estable e institucionalizada. La pregunta es, hasta cuándo este choque de poderes, la perdida de legitimidad, la ingobernabilidad, la escasa institucionalidad, la desconfianza ciudadana.
Ingresando en el terreno de las conjeturas, luego de la disolución del Congreso en septiembre del 2019, ¿se convocaron a nuevas elecciones parlamentarias, fue mejor dicho Congreso que el disuelto? ¿El actual es mejor que ambos anteriores? Lo mismo podríamos preguntarnos respecto a la presidencia. ¿Tenemos la certeza que el que venga, será mejor o peor? es incierta la respuesta, porque en democracia deciden los electores y no siempre deciden bien.
Sin embargo, es de responsabilidad y deber cívico, focalizar nuestra atención en dos ejes fundamentales para una mejor institucionalidad democrática con identidad ciudadana: la necesaria reforma política y oportunos acuerdos políticos. Reforma política que nos permita una renovada representación, con aptitud, decencia y legitimidad en la perfecta capacidad de encaminar nuestras espinosas rutas de desarrollo. Más allá de lo que se decida en las urnas, las fuerzas políticas en su conjunto deben acentuar su gestión en compromisos básicos por la gobernabilidad de nuestro país, lo que implica un desprendimiento honrado en asumir acuerdos que cimienten sólidamente nuestras expectativas futuras.
Y claro, resulta paradójico decirlo, ¿la actual representación o clase política estará en la disposición de acudir a dicha reforma y acuerdos políticos? Por supuesto que no, lo han demostrado, y no es ceguera política es sencillamente mezquindad y chatura política por comprometerse en un reto mayor. Quien debe comprarse el pleito, en esta compleja coyuntura es el Acuerdo Nacional, salir de su letargo convocar e impulsar los necesarios entendimientos en ese cometido, que no reclama protagonismos sino compromisos y lealtades con el país.
