POR: VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
La composición del próximo parlamento quedo definida, pueden variar en el cierre final algunas décimas del cómputo, sin afectación sustantiva. Lo cierto es que estamos en proceso de segunda vuelta electoral, con un Congreso ya definido, y sin superar la experiencia presente: fragmentado.
Si en esta segunda vuelta no sólo se definiría la Presidencia entre los dos más votados sino también el nuevo Congreso, nos garantizamos más estabilidad política, y así lo entendió la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, cuando lo propuso. ¿Qué legitimidad tendría un gobierno con el 18% de votos válidos? Por ello la necesidad de una segunda vuelta. Qué gobernabilidad nos daría un Gobierno con una sólida representación parlamentaria, innegable en esa disyuntiva el potencial de arrastre que podrían endosar sus candidatos presidenciales. Por ello, la necesidad de una reforma, que está en el Congreso para su deliberación.
Frente a esta realidad, algunas semanas atrás, el acucioso politólogo Alberto Vergara escribía sobre la necesidad de un Pacto: no vacaré, no disolveré (presidente débil y Congreso fragmentado).
Recogiendo la posta, el exalcalde de Villa El Salvador y dirigente social Michel Azcueta solicitó a los candidatos en curso y a los congresistas electos “formar un Gobierno y un Congreso de coalición nacional y de emergencia que lleven adelante un plan de reconstrucción nacional por tres años”. Análisis y propuestas necesarias en un proceso electoral incierto, que reclama voces críticas, objetivas y de compromiso país. Más aún, cuando se evidencia que estos temas críticos desde la perspectiva de gobernabilidad, no están en la agenda del debate público, que, compartiendo pasados inmediatos, pudieran constituirse en situaciones insostenibles para nuestra estabilidad democrática. La campaña electoral, sostenida más en los contrastes ideológicos que institucionales y programáticos, de las dos alternativas, distraen en exceso estas priorizaciones.
El adjetivo y el descalificativo, derrotan por amplio margen a la propuesta y consenso reclamado. Cuán importante es que el mensaje electoral recoja y trasmita propuestas a las múltiples y complejas carencias del país, sin descuidar los problemas estructurales y de coyuntura, como lo es la posibilidad de una “crisis de gobernabilidad” por la impronta de nuestras formas democráticas. La campaña electoral se ha convertido en una verdadera batalla campal, en la que no se permite visualizar al elector, las medidas urgentes e importante que el momento requiere. Verbigracia, es responsabilidad del Gobierno confrontar, paliar los impactos de la pandemia; y estos liderazgos surgidos de las urnas, acaso no debieran ponerse a su lado para compartir propuestas y respuestas, es un mínimo de coherencia y juicio.
Un parlamento con diez bancadas, y cuya más altas mayoría la tienen Perú Libre con 37 congresistas y Fuerza Popular con 24 congresistas, en principio no es una garantía de estabilidad y buenas relaciones con el Ejecutivo.
La frialdad de los números, llevados a la responsabilidad democrática, no deben llevarnos a cuántos suman sino cuánto hacemos, exige acuerdos entre estas distintas fuerzas políticas.
La pandemia, aún tiene para buen tiempo, y pareciera que deberíamos acostumbrarnos a ella y las conductas que nos exige, porque ya no es sólo su presencia, los medicamentos, las vacunas, la logística, tantos más, son las nuevas cepas de Covid-19 que de acuerdo a cada contexto le da un desarrollo imprevisible y a veces incontrolable.
Es está nuestra realidad presente y de futuro inmediato, que no debe confrontársela con una institucionalidad menoscabada, disminuida, peleada. Esa fuerza y energía política se necesitan para delinear mejores políticas públicas, definir nuestras inversiones sectoriales, redefinir nuestro gasto público, confrontar con toda la fuerza necesaria la miserable corrupción que aún en tiempo de crisis se presenta.
Que diferente puede ser el Congreso recientemente elegido, respecto al actual. El que se va, tuvo un reducido espacio de tiempo en ejercicio, muy fragmentado, prolijo en medidas populistas -corregidas por el Tribunal Constitucional-, y con predisposición a lo inmediato. El que ingresa tendrá cinco años de vigencia.
Y es importante esta referencia, porque le permitirá actuar y tomar decisiones con predictibilidad, asumir el presente y el futuro; tendrán que ejercer sus funciones con una triple responsabilidad de circunstancias, la representación ordinaria, la excepcional que propone la crisis sanitaria y la mediata, de fortalecer el Estado, en la expectativa-desconfianza con que observa la ciudadanía.
Es pues, “el momento” de un Congreso que debe estar a la altura de las circunstancias histórico-políticas, que no renuncie a su rol de soporte democrático y sea protagonista del Perú del Bicentenario, que aspiramos todos.