El congresista Moisés Gonzáles Cruz, de la bancada de Alianza para el Progreso (APP), presentó un proyecto de ley para reducir el 35 % del sueldo de los gobernadores y alcaldes, a fin de destinarlo a un fondo solidario por la emergencia del coronavirus.

La iniciativa plantea también la reducción de hasta 15,000 soles para los altos funcionarios públicos y 12,000 soles para los funcionarios del sector estatal.

La reducción, de acuerdo a la iniciativa, tendrá un carácter extraordinario y busca garantizar el efectivo cumplimiento del principio de solidaridad, promueve la austeridad y proteger el derecho a la vida y la salud de la población, en el marco de la emergencia sanitaria.

En ese sentido, autoriza reducir de manera excepcional y durante tres meses, hasta 15,000 soles la remuneración y todo concepto que perciban en el desempeño de la función pública los altos funcionarios del Estado.

Comprende entre altos funcionarios al presidente de la República, los congresistas, ministros de Estado, magistrados del Tribunal Constitucional, presidente del Poder Judicial, vocales de la Corte Suprema, fiscal de la Nación y fiscales supremos.

Están también los miembros de la Junta Nacional de Justicia, defensor del Pueblo, miembros del Directorio del Banco Central de Reserva, contralor, miembros del Jurado Nacional de Elecciones, así como el jefe de la Onpe y el Reniec y otros organismos constitucionalmente autónomos.

Considera como funcionarios públicos, a los viceministros, titulares de los organismos reguladores, titulares de las superintendencias, director ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, directores y secretarios generales de los ministerios y viceministerios, directores de empresas estatales y demás titulares o directores de organismos públicos de naturaleza análoga.

El dinero obtenido por los descuentos, de acuerdo a la iniciativa legal, será destinado al Fondo Solidario “Yo me quedo en casa”. La titularidad y administración de dicho fondo temporal estará a cargo del titular del Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas.

En la fundamentación del proyecto de ley, se indica que «no resulta justo y razonable que los altos funcionarios y funcionarios del país que perciben una remuneración, bonos o cualquier otro concepto pecuniario que resulta disparejo e inequitativo en comparación con lo percibido el peruano de a pie», señala.