El gasto en las obras públicas ejecutadas por alcaldes distritales que tenían conocimiento que estaban siendo monitoreados, se redujo en más de 18% en comparación a aquellos proyectos ejecutados por autoridades que desconocían que estaban siendo vigilados.

Así se desprende del estudio de campo “Guardianes de la administración pública”, realizado por Paul Lagunes, investigador y profesor de la Universidad de Columbia (Estados Unidos) en coordinación con Proética y la Contraloría General de la República.

“Lo que hace este estudio es recoger evidencia del efecto que tiene el control social sobre una variable en particular, que es el costo de la obra. Es decir, cuando las obras están vigiladas por la sociedad, hay menores sobrecostos”, explicó el Gerente de Prevención de la Contraloría, Carlos Vargas en declaraciones a la agencia Andina.

El grupo de alcaldes que sabían que sus obras eran vigiladas mejoraron la administración de recursos públicos y redujeron los costos en S/. 297,900 mil, en promedio por obra, lo que significó un ahorro de cerca de S/. 30 millones para el Estado en proyectos de infraestructura.

El funcionario refirió que la investigación comprendió a cerca de 200 municipalidades distritales, las cuales fueron elegidas aleatoriamente.

A la mitad de los alcaldes se les aplicó el control o vigilancia social, mientras que a la otra mitad no se les informó de nada.

“Al alcalde se le comunicó, desde la Contraloría, que se le iba a realizar un seguimiento a la obra que estaban ejecutando, ya sean pistas, veredas, losas deportivas, mercados entre otros similares. Se les indicó que iba a estar sujetos a control social”, detalló Vargas.

Luego se realizó una segunda comunicación a las autoridades, en la cual se les informó de algunas irregularidades que se podrían haber detectado en la obra a fin de que puedan corregirlas. Entre las faltas más comunes figuraron incumplimiento de plazos, atrasos, obra paralizada.

Las obras públicas fueron monitoreadas principalmente con el sistema INFOBRAS de la Contraloría General, donde el alcalde tiene la obligación de registrar la obra y a través de la cual cualquier ciudadano puede hacer seguimiento de la ejecución financiera. Además, este sistema permite que el ciudadano pueda colocar fotografías, hacer comentarios o denuncias.

Vargas señaló que la importancia del estudio “Guardianes de la administración pública”, que se realizó del 2015 al 2017, es que plantea una hoja de ruta sobre una herramienta de control social a las obras públicas.