POR: ABG. SANTOS COHAILA FLORES     

Con el decreto N° 313 de la asamblea legislativa de la república de El Salvador se aprueba penas más severas contra la corrupción. Esto fue aprobado el 12 de febrero del 2025. Y lo firman Nayib Bukele y Héctor Villatoro, ministro de Justicia.

La tabla muestra claramente que El Salvador ha endurecido considerablemente su régimen punitivo frente a los delitos vinculados con la corrupción, imponiendo sanciones notoriamente más severas que las establecidas en el Código Penal peruano.

AUMENTO DE PENAS COMO DISUASIVO

Peculado: En El Salvador, se sanciona con hasta 15 años según el monto malversado, superando la pena agravada del Perú que alcanza hasta 15 años solo en casos específicos.

Negociación incompatible: La pena salvadoreña de 12 a 15 años cuadruplica la del Perú (4 a 6 años).

Cohecho activo y propio: En El Salvador pueden alcanzar hasta 10 años, mientras que en Perú suelen oscilar entre 4 y 8 años.

Omisión de denuncia: En Perú se sanciona con una pena mínima (hasta 2 años), mientras que El Salvador impone hasta 6 años.

SANCIONES PATRIMONIALES Y CONTROL FAMILIAR

Un aspecto llamativo del modelo salvadoreño es que no solo se sanciona al autor del delito, sino que se busca afectar directamente el patrimonio familiar de los funcionarios corruptos:

Se ha anunciado que los familiares de los sentenciados también deberán declarar sus patrimonios, lo cual busca combatir el ocultamiento de bienes mediante testaferros o transferencias fraudulentas. Esto convierte a la persecución penal en una estrategia integral: no se limita a encarcelar, sino también a recuperar el dinero robado al Estado, con énfasis en la extinción de dominio.

PERÚ: UNA POLÍTICA PENAL MÁS MODERADA

En contraste, el Código Penal peruano mantiene penas más proporcionales y diferenciadas, algunas con posibilidad de beneficios penitenciarios, especialmente en casos de colaboración eficaz o reparación del daño. Esto puede interpretarse como una visión más garantista, pero también ha sido criticada por la ciudadanía ante la impunidad percibida en casos emblemáticos de corrupción.

Entonces la comparación revela que El Salvador ha adoptado un modelo de «tolerancia cero» con penas privativas de libertad más altas y medidas complementarias que afectan el entorno patrimonial del corrupto. Perú, en cambio, aún conserva un enfoque más tradicional y moderado. Esta divergencia refleja dos modelos de combate a la corrupción: uno represivo y radical (El Salvador) y otro más garantista y gradual (Perú).

No obstante, el verdadero reto en ambos países no es solo el incremento de penas, sino la efectiva aplicación de la ley, la independencia del Poder Judicial, y la lucha estructural contra la corrupción en todos los niveles del Estado.