POR: JULIO FARFÁN VALVERDE
Una nueva arista se suma al escandaloso caso “Corrupción 4×4” que involucra a la más alta autoridad del Gobierno Regional de Moquegua. Con fecha 2 de junio de 2025, el Diario Prensa Regional reveló en portada, bajo el titular “Fiscal bajo sospecha”, la existencia de una denuncia formal contra el fiscal Víctor Muñoz Leiva, quien integra la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Moquegua.
La denuncia, presentada el 23 de mayo de 2025 ante la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público en Lima, cuestiona el retardo manifiesto e injustificado en el avance de la Carpeta Fiscal N.° 293-2023, relacionada con el citado caso. Se alega que, desde la formalización de la investigación, no se han producido avances sustanciales, contraviniendo principios esenciales como la celeridad, la objetividad y el impulso de oficio consagrados en la Ley de la Función Fiscal. Estos hechos podrían configurar faltas graves, omisiones e infracciones a la Ley de la Carrera Fiscal.
La investigación involucra a la gobernadora regional Gilia Ninfa Gutiérrez Ayala; a su hermana y pareja del proveedor principal, Katherine Gutiérrez Ayala y a Luis Yonathan Sanca Umiyauri respectivamente, además de otros funcionarios del GORE Moquegua y de la Subregión Ilo. Todos ellos están siendo investigados por el presunto delito de colusión agravada, tras detectarse que, desde el inicio mismo de la gestión regional, se habrían direccionado más de 26 contrataciones —entre bienes y servicios— a favor de proveedores del entorno familiar del mencionado “cuñadísimo”, en perjuicio del Estado.
DISPOSICIÓN FISCAL CONFIRMA LA DENUNCIA DE INACCIÓN Y REFUERZA SOSPECHAS DE ENCUBRIMIENTO
Pese a las reiteradas denuncias periodísticas y a las evidencias contundentes presentadas por Prensa Regional, el fiscal Víctor Muñoz Leiva continúa sin garantizar una labor fiscal eficiente ni efectiva en la investigación del caso “Corrupción 4×4”. Por el contrario, nuevos elementos procesales confirman lo advertido: un presunto encubrimiento y “blindaje fiscal” en favor de los principales investigados.
La reciente Disposición Fiscal N.° 25-2025, emitida el 4 de junio de 2025 desde el propio despacho del fiscal Muñoz y rotulada como “Impulso Procesal”, refuerza las sospechas. En el apartado considerando, se expone —textualmente— que:
“El Ministerio Público, bajo su dirección, tiene la obligación de realizar diligencias preliminares de investigación para determinar si debe o no formalizar investigación preparatoria; las mismas que tienen por finalidad realizar actos de investigación destinados a determinar si han tenido lugar los hechos objeto de conocimiento y su delictuosidad, así como asegurar los elementos materiales de su comisión, individualizar a las personas involucradas en su comisión, incluyendo a los agraviados. Como lo señala el autor Neyra Flores (Tratado de Derecho Penal, 2015, página 465), la finalidad de la investigación preparatoria está referida a la búsqueda y reunión de los elementos probatorios de convicción de cargo y de descargo, que permitirán al fiscal decidir si formula o no acusación para ir a juicio, ya que esta es una investigación mucho más amplia.”
Asimismo, la propia disposición admite que, pese a lo ordenado previamente mediante la Disposición N.° 17-2024-3DFECOF (de fecha 30 de octubre de 2024) y la Disposición N.° 24-2025-M-DFM-FPCEDCF-3D (de fecha 19 de mayo de 2025), “no se llevó a cabo la totalidad de las diligencias”, lo que motivó la necesidad de una reactivación de los actos pendientes. Dichas diligencias serán detalladas —según se indica— en la parte resolutiva del documento.
Esta última disposición fiscal no solo evidencia una preocupante inacción, sino que corrobora las denuncias sobre el presunto encubrimiento y blindaje institucional a favor de los implicados en este sonado caso de corrupción.
Desde que Prensa Regional reveló el caso el 11 de septiembre de 2023, la investigación no ha mostrado avances significativos, a pesar del abundante material probatorio hecho público.
Cabe señalar que la publicación original motivó intentos directos de silenciar al equipo de investigación del diario, incluyendo propuestas condicionadas desde el entorno del GORE Moquegua, amenazas de muerte al responsable de la Unidad de Investigación por parte de un proveedor cercano a la Subregión Ilo —quien pertenece a la “portátil” de confianza de la gobernadora—, así como seguimientos y acciones de vigilancia (reglaje) contra trabajadores del medio.
IMPULSO PROCESAL NO MUEVE A FISCALES QUE BLINDAN LA CORRUPCIÓN
Tras la denuncia presentada ante la Autoridad Nacional de Control (ANC) y su exposición pública en Prensa Regional, el fiscal Víctor Muñoz Leiva finalmente ha ordenado la realización de diligencias largamente postergadas dentro de la investigación del caso “Corrupción 4×4”.
A través de notificaciones formales, se ha iniciado el llamado a declarar a testigos e imputados, en un intento tardío por cumplir con las obligaciones mínimas del proceso penal. No obstante, persisten serias sospechas de un trato diferenciado y encubridor hacia la gobernadora Gilia Ninfa Gutiérrez Ayala, su hermana Katherine Gutiérrez Ayala, su cuñado Luis Yonathan Sanca Umiyauri, y otros funcionarios de confianza de la actual gestión regional.
En efecto, la reciente disposición fiscal —pese a su retórica sobre el impulso procesal— omite de manera alarmante solicitar el levantamiento del secreto de las comunicaciones de los principales implicados. Esta diligencia, fundamental en cualquier caso de colusión agravada y organización delictiva, no ha sido dispuesta respecto de los siguientes investigados: Gilia Ninfa Gutiérrez Ayala, Katherine Gutiérrez Ayala, Luis Yonathan Sanca Umiyauri, Anastacio Cutipa Choque, José Alberto Huamán Pineda, Christian Fernando Soto Gutiérrez y Carlos Alberto Calderón Salas. Las comunicaciones entre ellos —que podrían contener elementos materiales de convicción— han sido, hasta ahora, deliberadamente omitidas por el fiscal Muñiz Leiva de la estrategia investigativa.
Prensa Regional coincide con la doctrina penal citada por el fiscal —en especial con lo expresado por Neyra Flores en su “Tratado de Derecho Penal”— respecto a los fines de la investigación preparatoria. Sin embargo, en la práctica, no se requiere ser jurista para advertir la falta de voluntad real por parte del Ministerio Público de Moquegua en este caso. Cualquier ciudadano con acceso a la documentación y evidencias publicadas por este medio podría concluir que la omisión de diligencias clave revela una actuación deficiente, cuando no deliberadamente pasiva.
Incluso el propio tratadista Neyra Flores, de conocer la evidente inacción del fiscal Muñoz Leiva en este caso, experimentaría —sin duda— indignación profesional ante la incongruencia entre el deber fiscal y la realidad del expediente. El Ministerio Público, en su calidad de titular de la acción penal, tiene el mandato de investigar con objetividad, reunir pruebas sólidas, individualizar responsabilidades penales y formular una acusación capaz de sostenerse ante el juzgado. No es admisible —menos en un caso de alto impacto— una acusación fiscal débil, sin sustento probatorio, ni orientada a obtener una condena ejemplar.
A estas alturas, ya no parece tratarse solo de falta de celeridad o exceso de carga fiscal. La omisión sistemática de diligencias elementales, la pasividad frente a pruebas públicas y la indiferencia ante hechos denunciados desde hace más de un año, hacen difícil discernir si estamos ante una preocupante incompetencia o ante un encubrimiento deliberado del fiscal Muñoz Leiva.
LAS EVIDENCIAS QUE SILENCIAN A TESTIGOS E IMPUTADOS
Testigos e implicados en la investigación del caso “Corrupción 4×4” han establecido contacto confidencial con la Unidad de Investigación de Prensa Regional para manifestar su temor y desconfianza hacia el fiscal Víctor Muñoz Leiva. Según sus testimonios, no se sienten seguros al declarar ante su despacho, ya que las preguntas planteadas durante los interrogatorios son breves, limitadas y cuidadosamente dirigidas, impidiendo que los testigos expongan libremente los hechos que conocen. Esta forma de interrogar —restrictiva y evasiva— ha generado la impresión de que las declaraciones están “preparadas” para evitar toda mención directa a la gobernadora Gilia Ninfa Gutiérrez Ayala y los principales involucrados, lo que refuerza la percepción de un proceso manipulado.
Quienes han sido citados como testigos e incluso como imputados temen por su integridad y la de sus familias. Han señalado haber recibido amenazas si deciden brindar información comprometedora contra la gobernadora, sus familiares o sus funcionarios de confianza. Según narran, enfrentan dos únicas salidas tras declarar: una, aceptar las represalias, que incluyen el bloqueo laboral en el Gobierno Regional, la Subregión Ilo o entidades bajo su influencia, además de sufrir posibles actos de venganza; o, por el contrario, ceder a las ofertas que les han hecho llegar emisarios vinculados a la alta esfera del poder regional.
Estas ofertas —según los testimonios— consisten en asegurarles un puesto laboral con alta remuneración para ellos o sus familiares, o incluso permitirles convertirse en proveedores “afortunados”, adjudicándose contratos de bienes y servicios, como el alquiler de camionetas 4×4. A esto se suma un patrón repetido con ciertos funcionarios: aquellos que, por hacer “el favor” desde las áreas de Logística y Adquisiciones, permitieron los 26 direccionamientos a favor de las empresas del cuñado de la gobernadora, hoy enfrentan procesos como imputados por colusión agravada. Sin embargo, no son abandonados: se les proporcionan abogados pagados por el entorno de confianza del poder regional y, en algunos casos, son recompensados con nuevos cargos y mejores sueldos, siempre que guarden silencio ante el Ministerio Público.
De acuerdo con fuentes de la UI, estos ofrecimientos y amenazas no son rumores, la Unidad de Investigación ha recibido hace una semana —bajo estricta reserva— audios y videos que confirmarían el uso de mensajeros e intermediarios por parte de personas del entorno íntimo de la gobernadora. Sin embargo, estos materiales no han sido entregados a la fiscalía debido a la falta de garantías mínimas y a la desconfianza generada por la actuación del fiscal Muñoz Leiva, cuya inacción reiterada es percibida como una forma de blindaje encubierto a favor de los principales responsables del caso.
DISPOSICIÓN 25-2025 DEL FISCAL MUÑOZ: ¿REACCIÓN TARDÍA O PRUEBA DE SU “INACCIÓN”?
A más de un año y medio del escándalo por el caso “Corrupción 4×4” en el Gobierno Regional de Moquegua, y al borde del vencimiento del plazo establecido en la formalización de la investigación preparatoria, el fiscal Muñoz Leiva emitió — tras la exposición pública y el cuestionamiento a su inacción— la siguiente disposición (parte resolutiva).
la DISPONE: Primero: Impulsar la investigación preparatoria seguida en contra de Gilia Ninfa Gutiérrez Ayala y otros, por la presunta comisión del delito de negociación incompatible, previsto y penado por el artículo 399° del Código Penal, en agravio del Estado – Gobierno Regional de Moquegua:
SEGUNDO. – Realícese los siguientes actos de investigación en sede fiscal:
- Se reitera que debe cumplirse con la visualización de los videos que obran en la carpeta fiscal. Esta diligencia deberá realizarse el miércoles 11 de junio de 2025 a las 09:00 a.m., bajo responsabilidad del Área de Audio y Video del Ministerio Público.
- Recíbase la declaración testimonial de Angélica Umiyauri Ccasa, quien deberá declarar sobre su relación con Luis Yonathan Sanca Umiyauri, la empresa Productos Angelius SRL, la empresa AQSA, su vínculo con los vehículos de placa VCF-924 y VCF-948, y qué actividades empresariales realiza como gerente o socia. La diligencia se llevará a cabo el 24 de junio de 2025 a las 11:30 horas en la sede del Tercer Despacho Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Moquegua, bajo apercibimiento de conducción compulsiva conforme a los artículos 66 y 122 del Código Procesal Penal.
- Recíbase la declaración testimonial de Carlos Alberto Calderón Salas, quien deberá declarar sobre el cargo que desempeñó en el Gobierno Regional de Moquegua y sobre la elaboración de la Inspección Técnica Vehicular de la camioneta de placa VCF-948, propiedad de la empresa AQSA. La diligencia se realizará el 24 de junio de 2025 a las 14:15 horas, en la sede fiscal correspondiente.
- Recíbase la declaración testimonial de Anastacio Cutipa Choque, quien deberá declarar sobre su relación con el Gobierno Regional de Moquegua y con Carlos Alberto Calderón Salas, y si participó como conductor en la inspección técnica del vehículo de placa VCF-948. La diligencia será el 24 de junio de 2025 a las 15:15 horas, en la misma sede fiscal.
- Recíbase la declaración testimonial de Frankie Darío Romero Cacallica, sobre su relación con el Gobierno Regional, AQSA, y si participó como conductor en la inspección técnica vehicular de la VCF-948. Se programó la diligencia para el 24 de junio de 2025 a las 16:15 horas.
- Recíbase la declaración testimonial de José Alberto Huamán Pineda, quien deberá declarar si fue chofer del vehículo VCF-948, qué servicios prestó para la Subregión Ilo, quién lo contrató, qué relación laboral tuvo con Christian Fernando Soto Gutiérrez y para qué empresas trabajó como conductor. La diligencia será el 25 de junio de 2025 a las 16:15 horas.
- Recíbase la declaración testimonial de Christian Fernando Soto Gutiérrez, quien deberá declarar sobre sus actividades y su relación con José Alberto Huamán Pineda. La diligencia será el 26 de junio de 2025 a las 16:00 horas.
- Requiérase de manera reiterada a la Zona Registral N.º XIII – Sede Moquegua, información registral sobre los vehículos de placa VCF-924 y VCF-948.
- Ofíciese de manera reiterada a la Gobernadora Regional de Moquegua, para que cumpla con remitir la información solicitada, bajo apercibimiento de ser denunciada por el delito de desobediencia a la autoridad. Se requiere informe documentado sobre los cargos que desempeñaron:
- Carlos Alberto Calderón Salas
- Anastacio Cutipa Choque
- Frankie Darío Romero Cacallica
- José Alberto Huamán Pineda
- Christian Fernando Soto Gutiérrez
