Un reciente informe de la Contraloría General de la República, a través del Órgano de Control Institucional (OCI) de la Municipalidad Provincial de Islay, ha identificado dos hechos con indicios de irregularidad relacionados con la adquisición y uso de una camioneta valorizada en el marco del proyecto “Mejoramiento de la Capacidad Operativa de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural”.
Según el Informe de Acción de Oficio Posterior N.° 016-2025-2-0359-AOP, publicado este jueves en el portal de la Contraloría, el vehículo fue comprado con recursos públicos para reforzar las funciones operativas de dicha gerencia. Sin embargo, la camioneta fue finalmente asignada al despacho de alcaldía y usada por el alcalde Richard Ale Cruz, sin que exista documentación que justifique esa reasignación ni que registre su uso, kilometraje, consumo de combustible u ocurrencias diarias.
COMPRA CON UN OBJETIVO, USO CON OTRO
La Contraloría constató que el proceso de compra se realizó bajo el procedimiento de adjudicación simplificada N.° 04-2023-MPI, con un expediente técnico que detallaba como finalidad pública el fortalecimiento logístico de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural. Sin embargo, señala el informe, apenas un mes después de la entrega del vehículo, se emitió un memorándum desde la gerencia municipal solicitando que el vehículo sea puesto a disposición del despacho del alcalde, argumentando que el burgomaestre realiza gestiones en Lima y Arequipa en beneficio de la provincia.
El mismo alcalde justificó el uso alegando que el vehículo “está a disposición del despacho las 24 horas del día” y que en ocasiones es estacionado cerca de su domicilio por razones de seguridad. Esta posición fue respaldada por el gerente de Infraestructura, quien señaló que su oficina es un órgano subordinado al despacho de Alcaldía.
SIN BITÁCORA NI CONTROL DE USO
Más allá del cambio de uso, el órgano de control informó que no existen registros formales del empleo del vehículo. La unidad no cuenta con bitácora, hojas de ruta ni reportes de combustible, lo que afecta directamente la transparencia y el uso eficiente de un bien público.
El encargado de Control Patrimonial admitió que, debido a la carga laboral de su oficina, se “omitió entregar la bitácora”. Asimismo, el chofer asignado a la unidad, contratado desde abril de este año, respondió a la Contraloría que “no ha tenido ningún registro” del uso del vehículo y que lo entrega en el domicilio del alcalde tras finalizar las jornadas.
MUNICIPALIDAD SOSTIENE LEGALIDAD DEL USO
En respuesta a los requerimientos del órgano de control, la Municipalidad argumentó que el vehículo está siendo usado en el marco de las funciones del alcalde y que no constituye un uso personal, por lo que no se infringiría el Código Penal respecto al peculado de uso. No obstante, la Contraloría aclara que esta interpretación no se alinea con precedentes judiciales ni con lo estipulado en la Ley del Sistema Nacional de Bienes Estatales, que exige que todo bien del Estado tenga un uso eficiente y documentado.
CONTRALORÍA RECOMIENDA ACCIONES Y DESLINDE DE RESPONSABILIDADES
Ante lo expuesto, el informe recomienda que el titular de la entidad adopte medidas inmediatas para atender los hechos con indicios de irregularidad, incluyendo el deslinde de responsabilidades. También se exhorta al Concejo Municipal a actuar en el marco de sus atribuciones para corregir las deficiencias identificadas.
