La Contraloría General de la República alertó que doce municipalidades distritales incumplieron con garantizar el financiamiento establecido por ley para que los regidores cumplan con su rol fiscalizador al no incluir recursos en este año 2025 o asignar montos menores a los establecidos en la normativa vigente, afectando una función vital que realizan los concejos municipales.
A través de servicios de control simultáneo se advirtió a los titulares de las entidades que no se incorporaron los recursos del 1% mínimo exigido por la Ley N° 31812 en sus Presupuestos Institucionales de Apertura (PIA) 2025. De acuerdo a dicha norma, las comunas deben garantizar el financiamiento para la fiscalización a cargo de los regidores.
Los informes de orientación de oficio advierten que en las municipalidades distritales de Cuchumbaya, San Cristóbal, Samegua, Puquina, Lloque, Ichuña y Yunga no se programó la actividad de Supervisión y Control en el PIA 2025, por ende, tampoco se asignaron los recursos mínimos exigidos por la ley.
En el marco de la normativa vigente, los montos que las municipalidades distritales debieron incorporar para la función fiscalizadora de los regidores, son los siguientes: Cuchumbaya: S/ 8 886, San Cristóbal: S/ 9 710, Samegua: S/ 20 248, Puquina: S/ 11 601, Lloque: S/ 7 526, Yunga: S/ 6 396 e Ichuña: S/ 25 860.
Asimismo, se identificó que las municipalidades de General Sánchez Cerro – Omate, La Capilla, Chojata, Quinistaquillas y Coalaque incluyeron en su PIA montos inferiores a los mínimos del 1% exigidos por la ley.
Al respecto, los casos se registran en la comuna de General Sánchez Cerro – Omate, que asignó S/ 13 000 cuando debió ser S/ 68 807; La Capilla incorporó S/ 3 000 en lugar de S/ 8 904; Chojata destinó S/ 9 241 en vez de S/ 13 942; Quinistaquillas solo asignó S/ 1 000, aunque correspondía S/ 7 161; y Coalaque incorporó S/ 4 000, cuando debió ser S/ 6 292.
La omisión o asignación insuficiente de estos recursos, compromete la función fiscalizadora de los concejos municipales, afectando su capacidad para supervisar la gestión del alcalde y los funcionarios.
Los informes de control fueron comunicados a los titulares de las municipalidades involucradas para que adopten las medidas correctivas correspondientes.
