La Contraloría General de la República identificó que el procurador público de la Municipalidad Provincial de Islay no ha presentado los informes trimestrales sobre el estado de los casos judiciales a su cargo, como exige la Ley N.º 31433. Esta omisión, verificada durante una evaluación entre el 17 y 18 de junio, podría afectar el adecuado ejercicio de fiscalización del Concejo Municipal.
INCUMPLIMIENTO DOCUMENTADO
Según el informe, la Secretaría General de la Municipalidad confirmó por escrito a la Contraloría (bajo petición) que no ha recibido estos reportes desde el año 2023 hasta la fecha. Estos documentos son importantes para que el concejo conozca el avance de procesos legales en curso y las acciones adoptadas por la procuraduría.
RIESGO PARA LA FISCALIZACIÓN
La falta de informes limita la capacidad del concejo para ejercer su rol fiscalizador, lo que podría dejar sin vigilancia el desempeño jurídico de la entidad. El reporte recomienda al alcalde provincial de Islay adoptar medidas correctivas de forma inmediata y notificar las acciones a la Contraloría.
NORMAS CLARAS, DEBER INCUMPLIDO
La Ley Orgánica de Municipalidades establece que las procuradurías públicas deben informar de manera trimestral sobre su labor legal. Estos informes son además de carácter público, por lo que su no emisión también vulnera el principio de transparencia.
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DATO:
En la actualidad el procurador público de la MPI es el abogado Mario Farfán Carrillo. El funcionario es solo encargado del despacho, siendo su dependencia directa la Municipalidad Provincial de Arequipa. La procuraduría General del Estado dispone que un procurador pueda ejercer funciones en varios municipios.
