Por: Edgard Norberto “Beto” Lajo Paredes
Principal responsable de la corrupción es la Contraloría General de la República (CGR), según mi experiencia de funcionario: gerente Nacional del ex PRONAA; municipalidades de Puno y Arequipa; asesor legal externo de Gobiernos Locales; ponente en Capacitación en Gestión Pública; Defensa Jurídica de servidores civiles (inocentes penalmente) inmersos en Delitos Contra la Administración Pública (no defiendo corruptos, narcotraficantes ni violadores); mi afición de investigar y escribir sobre temas de Estado, Gestión y Realidad.
QUÉ TALES CONTRALORES GENERALES
En la VI Conferencia Anticorrupción Internacional (2 y 3 de febrero de 2016), el entonces contralor Fuad Khoury, declaró: “El Perú desde el año 2010 ha perdido tres mil millones de soles por actos de corrupción”. Prensa Regional (18 de junio de 2020), pág. 14, está la nota “Contraloría: Perú pierde anualmente S/ 23,000 millones por corrupción e inconducta funcional”, “en el año 2019 ocasionaron pérdidas al país por aproximadamente 23,000 millones de soles, anunció Nelson Shack” (actual Contralor General), dice: “El Perú tiene un problema de corrupción, pero no se trata de casos aislados sino de una corrupción que ha penetrado a todo el sistema, es una corrupción estructural”, hace mención del “triángulo colusorio que forman un funcionario público deshonesto, un contratista corruptor y un supervisor que apaña estos procesos”.
VERGÜENZA E INEFICIENCIA DE LA CONTRALORÍA
Del 2010 al 2020, se ha incrementado el forado presupuestal, por gobernantes ladrones, de S/ 3000 a S/ 23 000 mil millones. ¿Qué ha hecho la Contraloría para evitarlo? ¡NADA! Esto es ineficiencia punible. Otros sorprendentes hechos: el 8 de mayo de 2020, Fiscalía Anticorrupción allanó sede de la Contraloría General, en Lima, por presuntas compras sobrevaloradas; programa ATV notició compras de bienes a precios elevados: “Mil botellas de alcohol en gel de un litro, a un precio de 65 soles, cuando en el mercado cuesta 35 soles. 30 mil mascarillas a 4 soles 80, cuando en las farmacias cuestan 1 sol”. Lo último, el 9 de julio de 2020, la fiscal de la Nación, ha denunciado constitucionalmente al ex contralor Edgar Arnold Alarcón Tejada (actual congresista presidente de la Comisión de Fiscalización), sucesor de Khoury y antecesor de Shack, “por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito agravado y peculado doloso” cuando laboró en la Contraloría y se desempeñó como contralor General. Recordemos los audios revelados (programa TV junio 2017), donde se escucha, a Alfredo Thorne (ministro de Economía y Finanzas), presionando a Edgar Alarcón (contralor), a fin, emita informe favorable del cuestionado proyecto aeropuerto Chinchero de Cusco “para que no se caigan las inversiones”. ¿Qué les parece?
ODEBRECHT, CLUB DE LA CONSTRUCCIÓN. NADA
Los repudiables casos de megacorrupción de grandes constructoras nacionales y extranjeras, se descubrieron en EE.UU., Brasil, Suiza y Ecuador, mas no en nuestro país. Los destapes de corruptelas del Estado peruano, son obra de la prensa nacional. Ningún hecho de relevante corrupción, ha sido detectado por la Contraloría General de la República. Realizan acciones de control a los pequeños, no a los grandes, persiguen implacablemente a servidores por simples errores administrativos, convirtiéndolos teórica e imaginaria y perversamente, en hechos dolosos. Encima, ni siquiera revisan los sospechosos acuerdos de Procuradores Públicos “Anticorrupción” con los mafiosos “colaboradores eficaces”, quienes salen libres de pena y culpa.
NI QUÉ DECIR DE LOS OCI PROVINCIALES
Cuando deben actuar, no lo hacen, no acogen denuncias con pruebas de regidores, ciudadanos y medios de comunicación. En otros casos, entorpecen las labores de funcionarios; se la pasan exigiendo informes y comodidades. No hacen prevención de la corrupción, esperan que la infracción se cometa, para luego, después de varios meses, presentar un farragoso informe, con el afán de cumplir sus metas, pero no de prevenir la corrupción.