Debido a que funcionarios y servidores del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) no aplicaron en su momento las penalidades por mora a la empresa contratista que ejecutó la obra del hospital de Alto Inclán en Mollendo, la Contraloría identificó un perjuicio económico de S/ 10 279 790, lo que incluye la aprobación indebida de ampliaciones de plazo y mayores gastos generales y pagos a la supervisión, así como adicionales y reducciones de obra contraviniendo la normativa de contrataciones del Estado.
La información está vertida en el Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 044-2024-2-5334-AC en donde se aprecia que las pérdidas económicas ocurrieron debido al reconocimiento de mayores gastos generales por S/ 2 873 630. Esto ya que no se cobró la inaplicación de penalidad por mora por S/ 7 142 294 y los pagos a la supervisión por S/ 263 866.
Además, se advirtió la aprobación de reducción de meta de equipamiento de dos equipos de hemoterapia y banco de sangre y el otro del sistema eléctrico de transferencia de pacientes con camilla de transporte, situación que requería penalidad, pero que no fue implementada, según la Contraloría.
Cabe recordar que la obra se inició el 28 de diciembre de 2018 y debía culminar a los 540 días, es decir el 15 de junio de 2020, pero, debido a que la contratista ejecutora Ripconciv Perú presentó 21 ampliaciones de plazo, el tiempo aumentó en 842 días, terminando el proyecto en 1382 días, el 9 de octubre de 2022. También involucra a la empresa Acruta y Tapia Ingenieros como supervisora.
LOS PRESUNTOS IMPLICADOS
Por ello, en el periodo del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2023 se identificaron a seis ex funcionarios y ex servidores del GRA por presunta responsabilidad penal y administrativa, siendo ellos: Guillermo Valcarcel Valdivia, Juan Carlos Ortíz Villalta y Mario Calderón Valencia como gerentes regionales de Infraestructura en ese periodo; Juan Carlos Concha Vilca e Iván Zurita Chipana como coordinadores de proyectos de inversión y Rosendo Huamán Mesco como gerente regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos.
A todos recaen responsabilidades penales y administrativas que la Procuraduría Pública Especializada en Delito de Corrupción deba iniciar los procesos contra los responsables.
DATO:
La obra en total demandó una inversión de S/ 70 218 724.
