La Contraloría General aprobó la Directiva N° 007-2024-CG/FIS que regula el requerimiento de información ante las entidades bancarias y los órganos de la Administración Tributaria. De esta manera, se accederá al secreto bancario y la reserva tributaria de funcionarios y servidores públicos que administren o manejen fondos del Estado en los tres niveles de gobierno, cuando existan indicios de que están involucrados en presuntas irregularidades vinculadas a la comisión del delito de enriquecimiento ilícito en el uso o gestión de los bienes y fondos públicos, así como otros delitos que guarden relación con dicho enriquecimiento.
De acuerdo con la Directiva N° 007-2024-CG/FIS “Requerimiento de información por levantamiento del secreto bancario y/o reserva tributaria”, que entró en vigencia el 20 de abril del 2024, el Organismo Superior de Control ahora puede solicitar esta información confidencial en el marco de una acción de control posterior de tipo forense, cuando resulte indispensable contar con evidencia suficiente y apropiada sobre la presunta responsabilidad penal vinculada a la comisión del delito de enriquecimiento ilícito en el uso o gestión de los bienes y fondos públicos, así como otros delitos que guarden relación con dicho enriquecimiento.
Según la normativa aprobada, el Contralor General, en uso de su facultad constitucional, podrá solicitar el levantamiento del secreto bancario y/o reserva tributaria, debidamente sustentado y motivado, mediante un oficio dirigido a las entidades bancarias y/u órganos de la administración tributaria, las cuales tendrán 10 días hábiles de plazo para atender el pedido.