La Contraloría General de la República advirtió que la Municipalidad Provincial de Ilo viene realizando el pago de dietas a sus regidores sin el debido sustento legal presupuestario y financiero, situación que afectaría el correcto uso de los recursos públicos.
La observación está contenida en el Informe de Orientación de Oficio N.° 014-2026-OCI/0445-SOO, correspondiente al periodo de evaluación del 3 de diciembre de 2025 al 25 de junio de 2026.
INCREMENTO DE DIETAS
Según el documento de control, el Concejo Municipal aprobó un incremento de las dietas de los regidores que generó un desembolso en exceso de S/ 38 475 durante el año 2025. De acuerdo con el informe, en abril de 2025 la entidad aprobó elevar el pago mensual de dietas de S/ 2 255 a S/ 2 730, bajo el argumento de una adecuación normativa.
Sin embargo, la Contraloría señaló que tanto la Subgerencia de Gestión Presupuestal como la Gerencia de Asesoría Jurídica de la comuna omitieron aplicar las restricciones establecidas en el artículo 6 de la Ley N.° 32185, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025.
Dicha norma prohíbe expresamente cualquier tipo de incremento económico o reajuste de dietas en las entidades públicas.
DEVOLUCIÓN SIN PLAZOS
Tras las aclaraciones del Ministerio de Economía y Finanzas, el Concejo Municipal emitió en diciembre de 2025 un acuerdo para dejar sin efecto el reajuste aprobado. No obstante, el Órgano de Control Institucional (OCI) advirtió que el Concejo dispuso el recupero de los fondos públicos pagados en exceso de manera indeterminada, sin fijar montos específicos a descontar, plazos definitivos ni un cronograma obligatorio de retenciones.
El órgano de control también alertó que la municipalidad volvió a pagar la suma anterior sin contar con un acuerdo de concejo expreso y vigente que regule y valide jurídicamente dicho monto desde esa fecha.
Asimismo, observó que la entidad no inició el trámite para declarar la nulidad del acuerdo de concejo emitido en contravención de una ley vigente.
DESLINDE DE RESPONSABILIDADES
El informe también señala que la Oficina General de Asesoría Jurídica de la municipalidad emitió un informe legal en el que pretendió eximir de responsabilidad administrativa, dolo o mala fe a los involucrados.
Frente a ello, el OCI advirtió que dicha valoración se realizó sin haberse tramitado previamente un debido procedimiento administrativo sancionador.
Según el órgano de control, esta situación debilita la transparencia institucional y limita el deslinde de responsabilidades de los funcionarios que sustentaron el incremento observado.
