Un total de 19 instituciones públicas de la región Moquegua incumplieron con remitir a la Contraloría General de la República (CGR) la relación del personal obligado a presentar la Declaración Jurada (DDJJ) de ingresos, bienes y rentas; así como la información del total de ingresos que percibieron durante el año 2019. Esta situación afectó al proceso de fiscalización de las declaraciones juradas a cargo de la Entidad Fiscalizadora Superior.
La presentación de la DDJJ por parte de los funcionarios y servidores obligados es parte de una cultura de transparencia, pues evidencia la realidad patrimonial y financiera de los mismos, lo cual permite a la Contraloría fiscalizar la existencia de concordancia entre sus ingresos y sus bienes y gastos.
La Subgerencia de Fiscalización de la Contraloría remitió correos electrónicos masivos a las entidades que no remitieron la información hasta el 31 de enero de 2020. Así mismo se remitió el Oficio Circular N° 001-CG-2020/FIS exhortando al cumplimiento de la normativa. Tras el tiempo transcurrido y las reiteradas comunicaciones, la Contraloría emitió informes de Acción de Oficio Posterior a las siguientes entidades de la región Moquegua:
Corte Superior de Justicia Moquegua. Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo. Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo. Empresa Prestadora de Servicios Ilo S.A. Gerencia Regional de Salud Moquegua.
Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones. Gobierno Regional de Moquegua. Instituto Vial Provincial de Mariscal Nieto. Municipalidad Centro Poblado de Yacango. Municipalidad Centro Poblado San Antonio
Municipalidad del Centro Poblado Menor de Los Ángeles. Municipalidad Distrital de Carumas. Municipalidad Distrital de Ichuña. Municipalidad Distrital de La Capilla. Municipalidad Distrital de Puquina. Municipalidad Distrital de Samegua. Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto. Proyecto Especial Regional de Pasto Grande. Sociedad de Beneficencia Pública de Moquegua
Cabe indicar que el incumplimiento en el que incurrieron las mencionadas instituciones, limita las acciones de fiscalización por parte de la Contraloría General, toda vez que al no contarse con información sobre los obligados a presentar su DDJJ no permite la detección de posibles casos de desbalance patrimonial o enriquecimiento ilícito.