El Consejo de la Prensa Peruana presentó su informe mensual sobre libertad de expresión, que resalta las principales agresiones a periodistas y medios de comunicación ocurridas en agosto de 2024. El informe aborda varios incidentes preocupantes que afectan la libertad de prensa en el país.

CASO JAIME AYALA

En agosto se cumplieron 40 años de la desaparición del periodista Jaime Ayala, corresponsal del diario La República. Ayala desapareció en 1984 tras presentar una queja por el allanamiento a la casa de su madre en Ayacucho, durante la etapa del terrorismo. A pesar de que el juicio contra los presuntos responsables está en su fase final, la reciente ley aprobada por el Congreso podría llevar a la prescripción del caso, exonerando a los acusados debido a la fecha de los hechos.

CASO WILLAX Y MINISTERIO PÚBLICO

El canal Willax enfrenta nuevos procesos de investigación por parte del Ministerio Público. Los periodistas Augusto Thorndike y Carlos Paredes están siendo investigados por supuestas violaciones a la correspondencia del Instituto de Defensa Legal (IDL) y desobediencia a la autoridad. Además, la fiscalía ha abierto investigaciones contra Willax y el diario Expreso por críticas hacia la secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. El Consejo de la Prensa Peruana expresa preocupación por un posible ensañamiento fiscal contra el canal.

CASO LA REPÚBLICA

El diario La República fue bloqueado en Venezuela después de cubrir el fraude electoral y las protestas contra el régimen de Nicolás Maduro. Aunque el medio puede ser accedido a través de redes privadas virtuales (VPN), el bloqueo resalta la creciente represión contra la prensa en el país.

CASO PRENSA REGIONAL:

La gobernadora de Moquegua, Gilia Gutiérrez Ayala, amenazó con acciones legales contra el periodista Julio Farfán Valverde, de Prensa Regional, por reportajes que cuestionan el uso de recursos públicos en su gestión. El Ministerio Público investiga posibles irregularidades financieras durante su administración.

CASO IPYS

Un evento virtual del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) sobre querellas y juicios contra periodistas fue interrumpido por un ciberataque que filtró imágenes violentas y pornográficas, obligando a cancelar la presentación.

CASO DARWIN ESPINOZA:

El congresista Darwin Espinoza agredió y amenazó a periodistas en el Parlamento por cuestionamientos sobre una contratación vinculada a favores políticos. Espinoza calificó a los periodistas de “chismosos baratos y difamadores”.

POSICIÓN INSTITUCIONAL DEL CONSEJO DE LA PRENSA PERUANA

Con tres nuevos procesos abiertos por el Ministerio Público contra Willax, el Consejo de la Prensa Peruana ve con preocupación lo que podría suponer un ensañamiento fiscal contra el canal de televisión.

Si bien toda persona natural o jurídica tiene el derecho de acudir a instancias judiciales, como es el caso del IDL, al que el Consejo de la Prensa Peruana ha defendido públicamente en múltiples ocasiones, todo medio de comunicación tiene derecho a difundir información que considere de interés público, en este caso, las cuentas bancarias de una organización que tiene impacto en la vida nacional, sin censura previa o castigo posterior.

Por otro lado, la difusión de opiniones, aunque no estén fundamentadas, sobre el actuar público de un personaje no debe ser motivo para la apertura de una investigación fiscal. El Consejo de la Prensa Peruana ha sido crítico de las prácticas éticas de Willax, medio que renunció a la competencia del Tribunal de Ética de esta organización, a pesar de haberla solicitado voluntariamente, pero defiende el derecho de cualquier persona a difundir opiniones.

Vale recordar que en el pasado el Ministerio Público ha realizado allanamientos a las viviendas de periodistas, como Juan Carlos Tafur y Pedro Salinas, que han sido críticos con esta instancia del Estado, lo que sienta precedentes peligrosos para la democracia.

Asimismo, el Consejo de la Prensa Peruana rechaza que funcionarios públicos, como congresistas y gobernadores regionales, amenacen con demandas a periodistas cuya labor es precisamente fiscalizarlos. Y que en la dictadura venezolana se bloqueen medios y encarcelen periodistas.

Esta organización también lamenta que, tras 40 años del asesinato del periodista Jaime Ayala y un juicio que ha sufrido no pocos baches, sus familiares puedan terminar sin recibir justicia debido a una nueva «ley de amnistía» que prescribe los delitos de lesa humanidad cometidos antes de julio de 2002.