El Consejo de la Prensa Peruana (CPP) presentó su informe mensual sobre la situación de la libertad de expresión correspondiente a octubre de 2025. El documento detalla una serie de agresiones y actos de hostigamiento contra periodistas y medios de comunicación en diversas regiones del país.
Entre los casos más graves figuran los ataques físicos de la Policía Nacional del Perú durante las protestas ciudadanas, la reapertura de una investigación fiscal contra La Prensa Regional de Moquegua —considerada una forma de persecución judicial—, así como las amenazas dirigidas contra la reportera de Willax, Marycielo del Castillo, y la periodista Analí Andrade, de radio Titanka de Andahuaylas.
CASO PROTESTAS
Así como en septiembre, durante las protestas de la denominada Generación Z en octubre unos 25 periodistas fueron atacados por agentes de la Policía Nacional del Perú. Entre los ataques más graves estuvieron los de disparos de perdigones de goma, que afectaron a 14 reporteros, según la Asociación Nacional de Periodistas. Otros 11 fueron agredidos físicamente por oficiales de la Policía.
Por ejemplo, el periodista de El Comercio Antonio Melgarejo recibió cuatro impactos de perdigones, como también herido resultó el fotógrafo independiente Juan Mandamiento; Gabriel García, de Ojo Público; y Valia Aguirre, de Wayka. Periodistas de medios como Canal N, Latina, ContraNoticia y otros, fueron impedidos por la Policía de realizar parte de su cobertura.
CASO PRENSA REGIONAL DE MOQUEGUA
A los periodistas Julio César Farfán Valverde y Erick Rogger Baylón Baylón, del periódico Prensa Regional de Moquegua, se les reabrió una investigación por el presunto delito de falsedad genérica y denuncia calumniosa contra el Gobierno Regional de Moquegua. El funcionario a cargo de reabrir el caso —archivado en junio de 2024— es el fiscal Richard Mendoza Ayma, adjunto del fiscal superior Juan José Machicao Tejada, actual presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Moquegua, de la Primera Fiscalía Superior Penal de Moquegua.
El caso se reabre tras un recurso del procurador público del Gobierno Regional de Moquegua, Juani Howard Zegarra Coaila. El año pasado, Prensa Regional publicó una nota en la que denunciaba presuntos actos de corrupción del gobierno regional.
CASO WILLAX
La congresista Kira Alcarraz, de la bancada Podemos Perú, amenazó a la reportera de Willax, Marycielo del Castillo, mientras buscaba sus declaraciones. “Si estuviera alterada, tenlo por seguro, te estamparía contra la pared. Pero como no estoy alterada, por eso sigues viva, mi amor”.
CASO ANALÍ ANDRADE
La periodista Analí Andrade, de Radio Titanka, de Andahuaylas, denunció ser víctima de una amenaza. Andrade recibió un video por WhatsApp que contenía armas de fuego y el siguiente mensaje: “Este primer video va a ser un aviso. Te tenemos ubicada”.
Recientemente, la periodista ha publicado denuncias sobre el alcalde de Andahuaylas, Abel Manuel Serna Herrera. Hace medio año, familiares de Serna la agredieron físicamente y la amenazaron. El alcalde ha negado su involucramiento.
POSICIÓN INSTITUCIONAL DEL CPP
En el Perú se ha vuelto costumbre la agresión física de la Policía Nacional a periodistas que cubren protestas. Ocurrió así en las protestas nacionales de 2022 y 2023 contra el gobierno de la expresidenta Dina Boluarte y el Congreso. También en las protestas de septiembre último, y más recientemente en octubre.
Los periodistas suelen recibir de la Policía perdigonazos de goma que laceran espaldas, piernas y brazos, empujones, patadas e insultos. No pocos reporteros son impedidos de cubrir los hechos por policías que les limitan su libertad de desplazamiento. En el último mes y medio, cerca de 50 periodistas han sufrido estas agresiones.
El Consejo de la Prensa Peruana exige la eliminación de la violencia por parte de la Policía contra periodistas y una profunda capacitación en la interacción de agentes del orden con la prensa.
Por otro lado, esta organización rechaza la reapertura de una investigación contra el medio Prensa Regional de Moquegua por una denuncia periodística sustentada en hechos y la persecución judicial contra dos de sus periodistas. Lamentablemente, lo ocurrido recientemente en Moquegua es moneda corriente en las regiones del país.
Esta organización exhorta al Ministerio Público a evitar el uso del aparato fiscal como mecanismo de presión o censura indirecta.
Las amenazas contra periodistas por parte de funcionarios públicos o sus círculos íntimos, como las sufridas por Analí Andrade y Marycielo del Castillo, deben ser investigadas oportunamente por el Ministerio Público. [https://consejoprensaperuana.org.pe/]
