Un día después de que la gobernadora regional de Moquegua, Gilia Gutiérrez, negara la existencia de trabajadores que estén solicitando reposición judicial en el Proyecto Especial Regional Pasto Grande (PERPG), la consejera regional Grecia Mamani Asencio acudió a las oficinas de dicha entidad y señaló haber identificado al menos cuatro casos de trabajadores que estarían buscando reposición, además de un grupo de entre 30 y 35 personas que habrían sido separadas recientemente.
En declaraciones a la prensa, la consejera explicó que su presencia en el PERPG respondió a la preocupación generada por información difundida en medios de comunicación sobre presuntas reposiciones judiciales. Indicó que, como parte de su labor de fiscalización, se solicitó formalmente documentación a la administración del proyecto para conocer la situación laboral de los trabajadores involucrados.
Mamani precisó que se otorgó un plazo de dos días para la entrega de la información requerida y que esta debería ser alcanzada el jueves. Asimismo, señaló que no pudo reunirse con el gerente del PERPG debido a que se encontraba cumpliendo actividades de agenda, por lo que sostuvo una entrevista con el jefe de Recursos Humanos del proyecto.
Según la información verbal recabada durante dicha reunión, la consejera indicó que existirían cuatro personas vinculadas a pedidos de reposición o continuidad laboral: dos por reposición y dos por desnaturalización de contrato. Añadió que, hasta la fecha de su visita, no se habría presentado documentación formal sobre estos pedidos dentro del proyecto.
En otro momento, Mamani informó que se pudo constatar que entre 30 y 35 trabajadores habrían sido despedidos recientemente “por razones presupuestales”, situación que habría motivado que algunos de ellos realicen constataciones policiales. Señaló además que, de acuerdo con lo que pudo conocer, estos trabajadores mantenían vínculo laboral vigente hasta el 31 de diciembre, lo que —advirtió— podría configurar un eventual despido arbitrario, aspecto que deberá ser evaluado conforme a ley.
La consejera agregó que algunos trabajadores le manifestaron no haber recibido comunicación previa, ni verbal ni escrita, sobre su desvinculación, aunque indicó que se les habría notificado posteriormente en sus domicilios. Recordó que el régimen laboral aplicable establece plazos y procedimientos que deben cumplirse antes de concretar un despido.
