En una sesión extraordinaria de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso de la República, se aprobó este jueves el archivamiento de la Denuncia Constitucional N.° 334/2021-2026, que había sido presentada contra la presidenta Dina Boluarte por las muertes registradas durante las protestas sociales del año 2023.
La decisión fue adoptada con 11 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones.
La denuncia constitucional, formulada por la congresista Ruth Luque Ibarra, también involucraba a los exministros Pedro Angulo, Alberto Otárola, César Cervantes y José Tello. En el documento se imputaba la presunta infracción constitucional por las muertes ocurridas en el contexto de las manifestaciones sociales contra el gobierno de Boluarte.
NO SE VERIFICÓ RELACIÓN DIRECTA
Durante la lectura del informe de calificación, la SAC precisó que la denuncia fue declarada improcedente al no cumplirse los requisitos para su admisión a trámite, al no verificarse una relación directa entre los hechos denunciados y la comisión de infracción constitucional por parte de la mandataria ni de los exfuncionarios señalados.
Según la exposición de la parlamentaria Ruth Luque, los sucesos tuvieron lugar en varias regiones del país, entre ellas Arequipa, Apurímac, La Libertad, Ayacucho y Junín, entre otras, donde se reportaron enfrentamientos y hechos de violencia durante las protestas ocurridas entre 2022 y 2023.
Particularmente, la congresista narró que el 17 de enero de 2023 se reportó la muerte de 17 personas y 73 heridos como resultado de enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas del orden. Luque calificó los hechos como un contexto de violación de derechos humanos, atribuyéndolos a las acciones de la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas.
REACCIÓN
Tras conocerse la decisión de la subcomisión, la congresista Ruth Luque expresó su rechazo en redes sociales: “La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ha declarado improcedente la Denuncia Constitucional que presenté contra Dina Boluarte por las muertes durante las protestas entre 2022 y 2023. Para esta comisión, presidida por Alianza Para el Progreso, asesinar manifestantes durante una declaratoria de emergencia está permitido”.
