El Pleno del Congreso aprobó por unanimidad el dictamen que modifica los artículos 108-C y 108-D del Código Penal, con el fin de reforzar la lucha contra el sicariato. La propuesta obtuvo 106 votos a favor y fue exonerada de una segunda votación.
La reforma precisa en el artículo 108-C que quien asesine por encargo, acuerdo u orden, a cambio de un beneficio económico o de otra naturaleza, enfrentará una pena privativa de libertad no menor de 30 años, además de la inhabilitación prevista en el numeral 6 del artículo 36 del Código Penal.
La norma también establece las mismas sanciones para quien ordene, encargue o intermedie en un acto de sicariato. Asimismo, dispone la cadena perpetua cuando se emplee a un menor de edad o a una persona inimputable para ejecutar el crimen.
“El sicariato es uno de los delitos más graves y con mayor crecimiento en el país. Según los datos de la Policía Nacional y el Instituto Nacional de Estadística e Informática, los homicidios dolosos ligados a sicariato han aumentado dramáticamente en los últimos años, con promedios de tres asesinatos por encargo diarios en el año 2024”, advirtió el presidente de la Comisión de Justicia, Flavio Cruz.
“Este fenómeno impacta no sólo en la vida e integridad de las personas sino también en la seguridad ciudadana. El orden interno y la economía afecta el transporte, el comercio y los servicios públicos. El dictamen responde a la obligación del Estado conforme el artículo 44 de la Constitución de garantizar la seguridad y proteger la vida e integridad de los ciudadanos”, agregó.
Cruz Solórzano subrayó que la iniciativa busca endurecer las sanciones previstas en los artículos 108-C y 108-D sobre sicariato y conspiración para sicariato, ampliando además las circunstancias agravantes.
“Responde a la crisis de seguridad ciudadana considerando que en el año 2023 se registraron más de 570 mil denuncias por delitos con fuerte presencia de homicidios y extorsiones, además cierra vacíos legales, fortalece la punición de las fases previas al sicariato”, indicó.
Destacó también que el dictamen “es críticamente sólido, constitucionalmente legítimo y socialmente necesario, más aún en estos tiempos y su aprobación permitirá alinear el Código Penal con la magnitud de la amenaza del sicariato y el crimen organizado, sin vulnerar principios como la proporcionalidad o el debido proceso”.
Por su parte, el congresista Roberto Chiabra señaló que el sicariato se ha convertido en la principal modalidad de violencia criminal y sostuvo que resulta urgente sancionar a quienes inducen a menores de edad a participar en estos delitos.
“El sicariato es un fenómeno que está sembrando miedo en las calles. Es un negocio que convierte la vida humana en mercancía”, advirtió la legisladora María del Carmen Alva, al respaldar la aprobación del dictamen.