POR: ENRIQUE LAZO FLORES
El conflicto social en el país, generado por el abrupto, y “misterioso” autogolpe frustrado del ex presidente Pedro Castillo, ha traído no solo una protesta anunciada y generalizada en la mayoría de las regiones del país, sino, ha provocado la muerte de 25 personas que, en el afán de hacerse escuchar por este congreso que “goza” no solo un elevado porcentaje de desaprobación, sino, por las muestras de corrupción entre sus integrantes y de ponerse de espaldas al pueblo en momentos en que se necesita la actitud de sus representantes en el poder legislativo.
Sin embargo, hasta hoy, el pueblo que se encuentra en pie de lucha, derramando sangre inocente y dejando hogares enlutados, seguía en las calles en protesta por esa actitud de este congreso que se ha convertido en el centro de operaciones del fujimorismo, cuyos operadores con la fachada de congresistas están enquistados en diferentes bancadas, desde donde manejan el gobierno.
Esa era la estrategia que se venía gestando desde hace tiempo, el pueblo no se daba cuenta que la sola presencia de los generales y almirantes, que en un tiempo fueron los que firmaron la famosa Acta de Sujeción, ante el siniestro Vladimiro Montesinos, ocuparon curules en el congreso, hoy, también presidido por otro general que en su momento fue denunciado por la matanza en Accomarca, al que fue llevado a juicio pero por cosas del misterioso destino, fue absuelto, también preside este congreso, que, a la mirada con “ojo de buen cubero”, está siendo dominado y gobernado por él.
A la fecha tenemos 25 muertos, que para estos “tiempos de Dina”, no significa “nada”, sin embargo, en el tiempo de Merino solo fue suficiente 2 y lo vacaron en menos de una semana, ¿Cuál es el fenómeno?, pues sencillamente que los congresistas no quieren irse, porque el discurso es diferente, Cierren el Congreso y Nuevas Elecciones, frases que no tiene mayor efecto ya que la mayoría en el congreso, no solo quieren permanecer allí en sus curules, sino, que hay detonantes muy fuertes en los intereses de una mesa directiva que no escucha al pueblo que en la misma puerta del Congreso le dicen que se vayan todos.
Al margen de ello, tenemos a Dina Boluarte como presidente constitucional, por sucesión y que no representa mucho para el País, salvo la legalidad de ser mandataria, pero sin poder, porque el poder lo tiene el Congreso y con ese aval ya este gobierno, adolece de liderazgo, de apoyo político porque no tiene bancada y un gobierno sin liderazgo es un gobierno manipulable, que en cualquier momento se cae precisamente por la falta de fuerza política que lo soporte.
En ese escenario Dina Boluarte es una presidenta que se ha convertido en una careta que se deja llevar por los que gobiernan el país en este momento y ellos son el Congreso dominado por una sector ligado al fujimorismo, donde están cuatro o cinco generales y almirantes que los representan, quienes están distribuidos en diversas bancadas y son ellos los que, como dice el congresista Jorge Montoya, “ellos son los que ponen la agenda en este congreso”, por consiguiente, le ponen la agenda a Dina Boluarte.
Esto forma parte de todo un aparato que no escucha al pueblo que están en las calles y sumados a ellos hay congresistas que manejan un discurso altamente disociador, discriminatorio, despreciativo y alentador a la violencia contra la mayoría del país, como el mismo Alejandro Cavero que dijo en un momento “Matar o Morir” con una actitud altanera, soberbio y con alta dosis de desprecio a la vida ajena, quien también es el promotor que le dio la impunidad a Manuel Merino, que en su gestión hubo dos muertos, mostrando autosuficiencia. Despreció una propuesta de una nueva constitución, cuando dijo “a la basura tu nueva constitución”.
Igualmente, las expresiones del almirante Jorge Montoya ha dejado una brecha profunda en la población, quien dijo «Nadie nos va a decir lo que tenemos que hacer, somos nosotros los que dictamos la agenda». dando un mensaje claro los que gobiernan desde el congreso es ese grupo de militares que firmaron el acta de sujeción al régimen de Alberto Fujimori, en resumen, son los fujimoristas los que están gobernando al país, asimismo dijo que “esta es una guerra y tiene que haber una cuota de sangre”. esas expresiones han calado en la población y son dichos que exacerbaron a la gente que hoy está en las calles ya con 25 muertos. ¿Acaso la cuota de sangre debe ser más que estos 25 ciudadanos entre adolescentes y jóvenes, acusados de terroristas y sin prueba alguna?
En la actitud de los congresistas, llamados no sé por qué, o, en mérito a qué, “padres de la patria”, hay una dosis de soberbia, de imposición, de una cuota muy grande de actitudes dictatoriales, como lo ha demostrado la congresista Adriana Tudela cuando propone reformas para las nuevas elecciones generales adelantadas para el 2024, con lo que consideran que son “claves”, claro para sus intereses, como la bicameralidad, la reelección de congresistas, reforma al sistema electoral invadiendo las facultades del JNE entre otras con la única intención de manejarlo a su regalado gusto.
A ello se suma las declaraciones de la congresista Patricia Chirinos, donde promete poner “algunos candados”, haciendo cambios en la ONPE, en el Jurado Nacional de Elecciones y “evitar posibles fraudes” en el futuro. ¿Será acaso que esa debe ser la ruta que el gobierno o el nuevo gobierno que debe elegirse en los plazos que se discute en este momento, las que debe regir los destinos de un país altamente rico en recursos naturales?
Creemos que la paz debe volver a los pueblos, que el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo asuman sus responsabilidades que desde todo punto de vista es político, y que no releguen esa responsabilidad a nuestro Glorioso Ejército que en el cumplimiento del mandato imperativo donde las ordenes se cumplen sin dudas ni murmuraciones, se enfrenten a la población desarmada, donde posiblemente estén también sus familiares, y sean responsables de los 21 muertos que son de entera responsabilidad del mismo Presidente de la República y del propio Presidente del Congreso. Esto debe parar. La solución a la crisis política y social es imperativa para recuperar la estabilidad del país.