La primera vicepresidenta del Congreso, Patricia Juárez Gallegos, explica en esta entrevista con La Prensa Regional (LPR) los alcances e impactos de la Ley N.º 32339, que promueve la ampliación de la frontera agrícola en Moquegua y marca un precedente en sostenibilidad, justicia social y protección ambiental.
LPR: Congresista Juárez, gracias por recibirnos. ¿Cuál fue su principal motivación para respaldar con firmeza la Ley N.º 32339 sobre ampliación de frontera agrícola en Moquegua?
Congresista Patricia Juárez: Gracias a ustedes. Esta ley responde a una deuda histórica con los agricultores del sur, quienes por años han estado limitados por falta de acceso a tierras productivas y agua de calidad. Respaldamos el proyecto porque prioriza la agricultura familiar, la seguridad alimentaria y la sostenibilidad ambiental.
¿Qué rol cumplió el Congreso en la aprobación por insistencia de esta ley?
El Congreso actuó como garante del interés nacional. Pese a observaciones del Ejecutivo, insistimos en su aprobación en el Pleno del 21 de noviembre de 2024. Aplicamos el artículo 108 de la Constitución porque consideramos que los beneficios sociales y ambientales son incuestionables.
La norma excluye las lomas costeras. ¿Cuál es el propósito de esa exclusión?
Esa cláusula es esencial. Las lomas costeras son ecosistemas frágiles y únicos. Su exclusión garantiza que la expansión agrícola no sacrifique áreas de biodiversidad y zonas de protección especial. La ley busca desarrollo, pero con criterios técnicos y sostenibles.
¿Qué impactos económicos espera que tenga esta ley para Moquegua?
Consideramos que la ley será un motor de desarrollo. Se incrementarán los ingresos de más de 3,000 agricultores. Además, al destinar más de 23,000 hectáreas para uso agrícola, se fortalecerá la cadena agroexportadora local y se dinamizará la economía rural.
¿Cómo se garantiza el uso exclusivo agrícola de las tierras entregadas?
Las parcelas serán inalienables y de uso exclusivo para agricultura, con lotes sociales de hasta 5 hectáreas. Esto evita su comercialización especulativa y prioriza a quienes realmente viven de la tierra. Es una medida de justicia social.
La ley también prioriza la descontaminación del río Coralaque. ¿Cómo se implementará?
Se elaborará un Plan de Manejo Ambiental, con participación de los ministerios competentes y la sociedad civil. El objetivo es poner un alto a la contaminación de los ríos y del medio ambiente, proteger la salud de los pobladores y restaurar los ecosistemas fluviales.
¿Qué papel tendrá el Proyecto Especial Regional Pasto Grande (PERPG)?
El PERPG es un eje fundamental. Se fortalecerá con nuevas represas y obras hidráulicas en zonas como Pasto Grande, Chilota y Pocata. Su función será asegurar agua de calidad y en cantidad para el consumo humano y agrícola.
¿Cómo se articulará la ejecución de esta ley entre los diferentes niveles de gobierno?
MIDAGRI liderará con el Gobierno Regional de Moquegua, la Superintendencia de Bienes Nacionales y las Juntas de Usuarios el gran cambio en beneficio del agricultor y la formalización de las tierras mediante un esquema de gobernanza compartida.
Finalmente, ¿cuál cree usted que será el legado de esta norma para las futuras generaciones?
Será una ley recordada por devolver dignidad y oportunidades a los agricultores del sur, por reconciliar crecimiento económico con respeto ambiental, y por demostrar que el Congreso puede legislar con visión de largo plazo. Esa es nuestra apuesta.
