La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) rechazó la disposición del gobierno de Pedro Castillo de revisar los permisos de uso de agua que la Autoridad Nacional del Agua (ANA) otorgó al proyecto minero Quellaveco, por lo que demandó al mandatario a actuar con coherencia en sus declaraciones respecto al desarrollo de proyectos de inversión.
NO PUEDE PARALIZARSE POR CONSIDERACIONES POLÍTICAS
En un comunicado abierto, la Confiep precisa “que un proyecto de 5500 millones de dólares se vea paralizado por consideraciones políticas, desencadenará una enorme incertidumbre sobre el Perú como destino de inversiones, además de afectar a los aproximadamente 4000 trabajadores de Quellaveco, poniendo también en riesgo los 32 000 puestos de trabajo indirectos que están siendo generados por esta importante Inversión” se lee en el documento.
El conglomerado del empresariado nacional sostiene que una intromisión política a un proceso técnico, constituye un mal precedente para la competitividad del país.
“HABRÁ MEJOR AGUA PARA EL TAMBO”
La confederación también anota que, con anterioridad, la ANA hizo análisis detallados del caso y concluyó que el uso por parte de Quellaveco del agua inadecuada para consumo humano o agrícola del río Titire no afectaría la disponibilidad de ese líquido vital para los agricultores de Arequipa al haberse construido la represa de Vizcachas, la cual permitiría reemplazar el caudal del río Titire por agua fresca de buena calidad para la cuenca del río Tambo, aseguran.
“GRUPO ANTIMINERO SIN BASE”
Finalmente, señala el comunicado, que, si bien las demandas por agua de calidad y cantidad adecuada para el valle del Tambo son legítimas, “no deben ser confundidas con los reclamos sin base de un grupo antiminero”.