POR: JORGE DEL CASTILLO
El Perú atraviesa una crisis de seguridad ciudadana que no se resuelve con improvisaciones ni con medidas de corto aliento. Mi enfoque parte de un hecho verificable: la inseguridad se agrava cuando el Estado carece de conducción y continuidad. En los últimos años se ha llegado a cambiar 31 ministros del Interior, lo cual impide cualquier estrategia sostenida, rompe la cadena de mando y desalienta la planificación operativa.
EXTORSIÓN Y CRIMEN ORGANIZADO: LA RESPUESTA ES INTELIGENCIA
Sostengo que la extorsión golpea a transportistas, comerciantes y familias, y eso no se derrota con más uniformes en la calle ni con soldados patrullando. La extorsión se combate con inteligencia, porque no estamos ante delincuencia común aislada, sino ante bandas organizadas. Para desarmarlas hay que penetrarlas e identificar jerarquías, financiamiento, redes de comunicación, rutas de cobro y protección interna.
DECISIÓN POLÍTICA Y RECURSOS: SIN PRESUPUESTO NO HAY SEGURIDAD
La primera condición es la decisión política del presidente de la República de respaldar a la Policía Nacional cuando actúa dentro de la ley. La segunda condición es el financiamiento. Sin recursos no hay inteligencia, no hay equipamiento ni capacidad de reacción. La Policía requiere chalecos, municiones, armas, entrenamiento y tecnología.
DÉFICIT DE EFECTIVOS: EL PROBLEMA NO ES SOLO “CUÁNTOS HAY”, SINO CUÁNTOS PATRULLAN
Hoy se suele repetir que tenemos aproximadamente 140,000 policías, pero la pregunta real es cuántos están efectivamente en la calle. En la práctica, por licencias, vacaciones, enfermedad, labores administrativas y resguardo de locales o personalidades, la cifra operativa en calles es de 30,000 a 35,000. Por eso afirmo que hay un déficit serio: se requieren 60,000 policías adicionales y, en perspectiva, avanzar hacia un estándar de aproximadamente 200,000 efectivos.
Si seguimos el ritmo tradicional, no llegaremos nunca: cada año egresan 10,000 y se retiran cerca de 8,000; el saldo neto es apenas 2,000 efectivos por año. A ese paso, cubrir 60,000 tomaría alrededor de 30 años.
Por eso planteo una medida concreta y de impacto inmediato: el Estado debe comprar el día franco del policía. En el pasado, como el policía ganaba poco, se toleró que trabaje un día sí y otro no para hacer “cachuelos”. Yo propongo que el Estado le pague ese franco para que trabaje: si hoy hay 35,000 patrullando y 35,000 en descanso, al comprar el franco pasamos de 35,000 a 70,000 policías desplegados en cuestión de días.
RECONVERSIÓN DE RESERVISTAS Y PREVENCIÓN
Además, cada año las Fuerzas Armadas liberan alrededor de 15,000 reservistas. Si el Estado ofrece un esquema atractivo, 10,000 a 12,000 podrían reconvertirse a la Policía con una capacitación adicional más corta, porque ya tienen disciplina y entrenamiento básico. Esto fortalece la capacidad operativa y ofrece empleo formal y estabilidad.
CIBERDELINCUENCIA: UN FRENTE QUE CRECIÓ TRAS LA PANDEMIA
Finalmente, alerto sobre la expansión de la ciberdelincuencia: después de la pandemia, el delito cibernético creció de forma explosiva. En su momento se reportaban fraudes electrónicos por alrededor de S/ 60 millones contra el sistema financiero, y el Estado requiere un marco normativo y capacidades de persecución penal acordes con esa amenaza.
Mi propuesta se resume en cuatro pilares: estabilidad y conducción política, inteligencia contra el crimen organizado, recursos y tecnología para operar, y recuperación rápida del patrullaje efectivo mediante la compra del franco y la reconversión de reservistas.
