La Comisión Permanente del Congreso dio luz verde al informe final de las denuncias constitucionales 348, 400 y 466, que señalan al expresidente Martín Vizcarra y al exjefe del Gabinete, Salvador del Solar, por presuntas infracciones a la Constitución. Como resultado, se aprobó su inhabilitación para ejercer cargos públicos por 10 y 5 años, respectivamente.
LOS CASOS
En el caso de Martín Vizcarra, el informe sostiene que, en su condición de expresidente, es responsable del cierre del Congreso debido a su conducta y los hechos que motivaron la denuncia en su contra. La votación arrojó 20 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones.
“La suspensión del procedimiento de elección de magistrados no podía ser materia de cuestión de confianza al no tratarse de un proyecto de ley, consecuentemente; el presidente Martín Vizcarra no podía interpretar que al haber elegido un magistrado se había denegado la confianza”, de detalla en el documento.
En virtud del artículo 100 de la Constitución, se resolvió imponer a Martín Vizcarra una sanción de inhabilitación por 10 años para el ejercicio de la función pública. La medida fue aprobada con 19 votos a favor, 3 en contra y una abstención.
En cuanto a Salvador del Solar, el informe lo acusa, en su calidad de expresidente del Consejo de Ministros, de presunta infracción a los artículos 132 y 133 de la Constitución. La denuncia señala que promovió una cuestión de confianza para suspender la elección de magistrados del Tribunal Constitucional sin que esta fuera previamente debatida y aprobada por el Consejo de Ministros.
Sobre esta acusación, la votación en el Congreso registró 14 votos a favor, 7 en contra y 3 abstenciones.
“La suspensión del procedimiento de elección de magistrados no podía ser materia de cuestión de confianza al no tratarse de un proyecto de ley, consecuentemente; Salvador Del Solar Labarthe no podía interpretar que al haber elegido un magistrado se había denegado la confianza”, se indica en el informe.
Luego, se sometió a votación la propuesta de inhabilitación por cinco años para el ejercicio de la función pública. La medida fue aprobada con 12 votos a favor, mientras que 11 legisladores se manifestaron en contra y 1 optó por la abstención.
REPROGRAMACIÓN
El informe también alcanza al exjefe del Gabinete, Vicente Zeballos, a quien se le imputa responsabilidad por su actuación durante el cierre del Congreso. La acusación señala una presunta infracción al artículo 134 de la Constitución, derivada de su conducta y los hechos denunciados en su contra.
“La suspensión del procedimiento de elección de magistrados no podía ser materia de cuestión de confianza al no tratarse de un proyecto de ley, consecuentemente; Vicente Zeballos Salinas no podía interpretar que al haber elegido un magistrado se había denegado la confianza”, se indica en el informe que recomienda se le imponga la sanción de inhabilitación por 5 años.
Vicente Zeballos remitió un oficio a la Comisión Permanente solicitando una prórroga para ejercer su defensa y la reprogramación de su citación. Ante ello, la Mesa Directiva accedió a convocarlo en la siguiente sesión, advirtiendo que, de no presentarse, su inasistencia será considerada injustificada y el proceso seguirá su curso.
SUSTENTACIÓN Y DEFENSA
Durante la sesión, se presentó un documento remitido por Martín Vizcarra, en el que anunció su decisión de no asistir a la audiencia programada. Argumentó que el informe final en su contra ignoró los descargos que presentó el 31 de julio de 2024, vulnerando, según él, el principio de seguridad jurídica.
Ante ello, la Mesa Directiva consideró su ausencia como una inasistencia injustificada y procedió con el trámite de la acusación constitucional.
La sustentación del informe estuvo a cargo de la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, María Acuña (APP), y del delegado de las denuncias acumuladas 348, 400 y 466, Héctor Ventura (FP).
“La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (…) ha respetado las garantías constitucionales del debido procedimiento, de modo tal que cada denunciado a ejercido su derecho a defensa y ofrecido los medios probatorios suficientes y necesarios”, alegó.
El abogado Luciano López, defensor de Salvador del Solar, cuestionó la acusación en su contra, señalando que se busca sancionarlo a pesar de que la Constitución establece la caducidad del proceso, lo que, según indicó, impediría cualquier medida en su contra.
“Se vulnera su derecho a igualdad de trato, se han obviado precedentes parlamentarios. Se le pretende sancionar a pesar de que no existen pruebas razonables que derroten su presunción de inocencia y pese a la fuerza de la cosa juzgada”, fundamentó.
Finalmente, la Comisión Permanente designó a los congresistas Acuña Peralta y Ventura Ángel como integrantes de la subcomisión acusadora, encargada de sustentar el informe ante el pleno del Congreso, donde será sometido a debate y votación final.
