Por: Ing. Elmer Pinto Cáceres (Consejero regional por la provincia de Islay)
El día viernes 28 del presente, fui entrevistado por el Sr. Juan Carlos Soto del diario La República sobre el Proyecto Majes Siguas II Etapa y el proyecto de Adenda 13. Entre preguntas, respuestas y puntos de vista quedó claro dos posiciones diferentes entre entrevistado y entrevistador. Acordamos un trato objetivo en la difusión de la información.
En la publicación del día domingo 30, el titular (frase incompleta) dice: “¿Necesitamos 240,000 empleos?” haciendo ver que el entrevistado no está de acuerdo con la generación de empleo. En un claro manejo de la información, el periodista recorta la frase para dar la dirección que a él y a quienes le pagan, les interesa. La frase completa es: «AREQUIPA NO TIENE NECESIDAD DE GENERAR 120,000 EMPLEOS CON SALARIOS MISERABLES DE S/930.00» como argumento a mi posición de no aceptar la imposición de un proyecto, con módulo de parcelación de 200 hectáreas que solo va a beneficiar a 10 empresas transaccionales sometiendo a 120,000 jóvenes de la región a la pobreza.
Un periodista profesional, imparcial e interesado en un verdadero desarrollo para la región Arequipa, le hubiera dado un matiz técnico y mayor relevancia a temas como: corresponder la iniciativa de resolución del Contrato de Concesión por parte del Gobierno Regional de Arequipa, modelo forzado de parcelas de 200 H, Tarifas Básicas de agua elevadas de 400 a 4,000 soles, salarios miserables de S/930.00. Pero, más de lo mismo ¿periodistas que imitan a los de la capital?
Al no tener argumentos válidos para sustentar el «Cambio Tecnológico» y así conseguir la aprobación de la Adenda 13 en el Consejo Regional, la Concesionaria ha decidido resolver el contrato y envió cartas amenazantes que incluiría demandas de 220 millones de dólares por daños y perjuicios. ¿Qué daños y perjuicios? si no ha invertido ni un sol, y por lo contrario ha cobrado por tener la obra paralizada de manera arbitraria e irresponsable.
Arequipa espera que sus autoridades acepten la resolución del Contrato de Concesión y demanden a la Concesionaria que habría paralizado los trabajos de la primera fase sin ninguna justificación, ni legal, ni económica ni técnica, propiciando pagos improductivos, por millones de dólares, como son los pagos realizados a la Concesionaria y por Servicio de Deuda a la Cámara Andina de Fomento (CAF).
Alertamos la campaña de desprestigio y ridiculización del perfil personal y profesional del suscrito por parte de la prensa mediática.