POR: MAG. JAIME CARPIO BANDA
El primer trimestre de 2025 cierra con señales preocupantes en la gestión pública local de Cocachacra a cargo del alcalde distrital Abel Suárez Ramos. Pese a contar con presupuesto asignado, la ejecución de inversiones no logra despegar, evidenciando un desfase crítico entre planificación y resultados.
El análisis de la ejecución de inversión pública en la Municipalidad Distrital de Cocachacra al cierre del primer trimestre de 2025 evidencia un atraso crítico en la gestión presupuestal y operativa de proyectos, incompatible con estándares mínimos de eficiencia. Con un PIM de S/ 21.98 millones (veintiún millones novecientos ochenta mil soles), el devengado alcanza apenas S/ 948,592 (novecientos cuarenta y ocho mil quinientos noventa y dos soles), equivalente a 4.3% de avance, muy por debajo del umbral esperado cercano al 20% para el tercer mes del año fiscal. Esta brecha no solo refleja ineficiencia, sino también problemas estructurales en la programación y ejecución del gasto.
A nivel desagregado, se observa que la mayoría de proyectos presentan ejecución cero (0%), incluyendo intervenciones prioritarias como construcción de locales comunales, transitabilidad vial, vías vecinales, pistas y veredas, infraestructura deportiva y servicios básicos.
Solo algunos proyectos muestran avances parciales, como limpieza pública (16.1%), espacios recreativos (11.2%) y seguridad ciudadana (9.8%). Destaca como excepción el proyecto en la plaza de Ayanquera con 96.8%, lo cual confirma que sí existe capacidad de ejecución, pero no está siendo replicada de manera sistémica. Se trata de una gestión fragmentada y no articulada.
Desde una perspectiva técnica, este nivel de subejecución constituye un costo de oportunidad significativo, ya que recursos disponibles no se traducen en bienes públicos ni en bienestar social. Además, genera riesgos de reversión presupuestal, pérdida de credibilidad institucional y deterioro de indicadores de desarrollo local.
En términos de responsabilidad pública, la persistencia de proyectos con 0% de ejecución al primer trimestre puede interpretarse como negligencia funcional, en la medida en que las autoridades tienen el deber de planificar, contratar y ejecutar oportunamente. No se trata solo de retrasos, sino de una falla en la provisión efectiva de servicios públicos esenciales.
La evidencia muestra un escenario de abandono relativo de la inversión pública, caracterizado por baja ejecución, dispersión de resultados y ausencia de gestión proactiva en el valle de Tambo.
