POR: CÉSAR CARO JIMÉNEZ
Ante el anuncio de Anglo American respecto a que Quellaveco va a comenzar a producir este año, muchos de los candidatos a ser alcalde o gobernador regional se frotan las manos calculando que a partir del año 2023 el canon minero se incrementara sustancialmente y claro está, que a falta de ideas y/o proyectos, también aumentaran las obras de mantenimiento y “maquillaje”.
Porque, –y no me cansare de escribirlo o decirlo–, ¡la gran mayoría de nuestras autoridades resaltan bien por su ignorancia, bien por su corrupción, bien por su sumisión a los grandes intereses económicos, lo que hoy hace que diversos intelectuales o simples pensadores, preocupados por el devenir histórico de esta comarca poblada “por desconcertadas gentes”, manifiesten su temor respecto a que cada día nos estamos convirtiendo en una caricatura de país, en el cual la gran mayoría es dueña de nada, dado que las concesiones abundan a lo largo y ancho del territorio protegidas por los “convenios ley”.
Situación que tuvo su punto de partida en 1992 gracias a las reformas neoliberales impulsadas por el gobierno de Fujimori que nos consolidó como una sociedad extractivista en la cual, el sistema político, el legal y la economía fueron y son organizadas en función de la extracción de grandes cantidades de recursos naturales para la exportación.
Dicha política fue consolidada bajo los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala y Martín Vizcarra. De esta manera, desde 1991 crecieron las concesiones mineras de 2,26 millones de hectáreas, a 15 millones en 1997, para llegar a 26 millones en 2012. Esto representa más de 20% del territorio nacional, llegando a cifras superiores al 50% en departamentos como Apurímac, Cajamarca y Moquegua. También en la Amazonía crecieron de manera espectacular las concesiones para la explotación de gas y petróleo, hoy la mayor parte del territorio nacional está concesionado a empresas extractivas. ¡Y las concesiones en el fondo son una forma de propiedad prácticamente absoluta y eternas en tanto existan riquezas por extraer!
Y lo peor es, que nuestro caso las mismas prácticamente se han regalado y se continúa haciéndolo, dándose casos singulares que no merecen la más mínima atención de parte de las autoridades, como por ejemplo la reciente venta de las acciones de Buenaventura en Yanacocha a Newmont Corporation, sin que el Estado perciba ni participación accionaria, ni económica, lo que también ocurrió en el caso de Quellaveco en dos oportunidades, una inicial –2012–, cuando Mitsubishi Corporation compró el 18,1% de la propiedad de IFC del Banco Mundial en la mina por una cifra cercana a los 900 millones de dólares; procediendo luego en el 2019 a comprar un 21.9% de las acciones de Quellaveco por US$600 millones, de los cuales 500 millones fueron pagados cuando se cerró la transacción.
Luego, se pagarán US$50 millones cuando la tasa de tratamiento de mineral de Quellaveco alcance al menos 150,000 toneladas al día, y US$50 millones adicionales cuando dicha tasa llegue a 180,000 toneladas al día. Dichas transacciones implican que en ese momento la valuación del 100% de Quellaveco sería de US$2,740 millones.
Aquí cabe señalar que, si el Estado hubiese intervenido, el caso hubiese sido sometido a un tribunal arbitral en el extranjero, en tanto que, en Chile, en noviembre de 2011, cuando Anglo American intentó vender el 24,5% de las acciones de su mina Los Bronces a Mitsubishi Corp, desató un conflicto con la estatal Codelco, la que bloqueó la operación yendo el caso a los tribunales chilenos.
Cabe indicar que se llegó a una solución consensuada que estableció que Anglo American mantendría el control de la administración con el 50,1% de las acciones, mientras que Mitsubishi se quedaba con el 20,4%. De esta manera, hasta la fecha Codelco y Mitsui cuentan en conjunto con el 29,5%, del cual 24,5% corresponde a Codelco. Con estos porcentajes de propiedad, Codelco y Mitsubishi aseguraron un asiento en el directorio.
Algo que no hubiese sido posible si la clase dirigente chilena fuera como la nuestra, la que permitió que durante el periodo 1992-96 se privatizarán cerca de 110 empresas estatales por aproximadamente US$ 7,200 millones, suma que por ejemplo, Cerro Verde superó en ganancias netas entre el 2010 y el 2018, sin olvidar que dicha mina fue rematada en 1994 en tan solo 37 millones de dólares por el 100% de las acciones en tanto que tan solo un mes después la misma empresa que compró Cerro Verde pagaba por el 51% de las acciones, de la mina El Abra 330 millones de dólares. El resto, 49% hasta la fecha es propiedad de Codelco, cabiendo señalar también que es una mina de menor potencial que la arequipeña.
Y aquí, una vez más me permito recalcar que soy un convencido que la administración privada, –al menos en nuestro país es mejor que la pública, pero ello no implica que debamos regalar nuestras riquezas, sobre todo las extractivas, como tampoco no participar en mayor grado de la rentabilidad empresarial.
Y creo también, que hay que hacer lo posible para que a nivel de la macro región sur del Perú se cree una entidad similar a la Comisión Chilena del Cobre, que en nuestro caso podría ser Comisión Peruana de Riquezas Naturales, financiada con el 5% del canon que perciben las universidades, a fin de investigar y proponer alternativas técnicas y económicas viables que puedan brindar argumentos a nuestras autoridades en cuanto el mismo canon, su recaudación, la rentabilidad, “la depreciación acelerada”, el impacto ambiental, etcétera, recordando que la “hazaña norteamericana no tendría explicación si no hubiera sido animada, desde el principio, por el más ardiente de los nacionalismos”.
