La Cámara de Comercio e Industria de Arequipa (CCIA) alerta sobre la norma que atenta contra la pequeña empresa y, por el contrario, fomenta la informalidad, debido a que el Congreso de la República, a través de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, ha aprobado el Proyecto de Ley N.º 9744/2024-CR, que propone otorgar bonos o incentivos económicos a los inspectores de SUNAFIL vinculados directamente a la imposición de multas.

Carlos Fernández Fernández, presidente de la CCIA, asegura que esta medida representa una amenaza directa a las más de 393 mil micro y pequeñas empresas formales de la macrorregión sur, de las cuales más de 131 mil están registradas solo en Arequipa. Lejos de promover el desarrollo, esta iniciativa legitima la persecución y castiga a quienes, en medio de una lenta reactivación, apuestan por la formalidad, la generación de empleo y la inversión en sus trabajadores.

El presidente del gremio empresarial indica que las pequeñas empresas formales en la región enfrentan enormes desafíos como la excesiva carga tributaria, barreras burocráticas y un entorno de alta criminalidad.

En Arequipa, el 99.48 % del total de unidades productivas corresponde a micro y pequeñas empresas, siendo responsables de generar más del 86.3 % del empleo privado local.

“Reintroducir mecanismos sancionadores con fines recaudatorios solo provocará más informalidad y desconfianza hacia el Estado.”

Hizo un llamado a los congresistas a reflexionar sobre el tema y evitar el colapso de miles de empresas y, con ello, la caída en la recaudación de impuestos que permiten la ejecución de obras y el mantenimiento del aparato estatal.

REUNIÓN CON SUNAFIL

Mientras tanto, y en un afán de seguir promoviendo la formalidad, el Pdte. de la CCIA y el Superintendente Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), Michael Guevara Varela, sostuvieron una reunión para impulsar acciones estratégicas que fortalezcan la fiscalización y promuevan la formalización laboral. Para ello, se ejecutarán campañas itinerantes en ciudades como Camaná y Mollendo.

“La fiscalización no puede ni debe convertirse en una herramienta de recaudación. Reclamamos un enfoque de acompañamiento y mejora continua, que reconozca el esfuerzo del empresario formal y contribuya a cerrar brechas sociales”, indicó Fernández.