POR: DR. PHD. JAVIER FLORES AROCUTIPA
El año 2020, el Tribunal Constitucional (TC) declaró como inconstitucional la situación de las cárceles en el Perú, señalando que para el 2025 no debería existir una crisis de hacinamiento. Sin embargo, al no cumplirse esa expectativa, el TC ha emitido un Auto en el que plantea como meta el año 2030 para reducir el número de reos o ampliar la infraestructura carcelaria, a fin de erradicar el hacinamiento en los centros penitenciarios del país. ¿Se podrá?
El cuadro comparativo entre la Sentencia del Tribunal Constitucional del 2020 y el Auto del 2025 muestra que, aunque se reconocen las mismas causas estructurales del hacinamiento carcelario en el Perú, los enfoques y justificaciones han evolucionado.
En 2020, se subrayaba la falta de infraestructura, la aplicación excesiva de prisión preventiva y una política penal orientada al castigo, sin alternativas.
Para 2025, si bien se mantiene la crítica a la escasa infraestructura, se reconoce también el impacto de factores externos como la crisis económica derivada del COVID-19 y el ciclón Yaku, que afectaron el presupuesto para el sistema penitenciario.
